El presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el expediente “de un deudor de Hacienda de miles de millones de pesos” (en alusión a Grupo Azteca al cual no mencionó expresamente). Tras recordar que en una primera instancia ya resolvieron que no era de su competencia porque no tiene que ver con una violación constitucional: "ahora ¿qué van a hacer?, ¿Lo van a volver a guardar el expediente?, ¿están esperando a que yo me vaya? Aquí dos o tres días antes vamos decir, pues guardaron el expediente”.

Al hacer un recorrido sobre los excesos en que incurre el Poder Judicial en casos de evasión fiscal, recaló en el litigio con el empresario Ricardo Salinas Pliego (al que no mencionó por su nombre) y aunque reconoció que está en su derecho de agotar todas las instancias legales, lanzó: “No estamos pidiendo que se retuerza la ley en beneficio del gobierno, porque al final de cuentas es en beneficio del pueblo, va al presupuesto y el presupuesto es dinero del pueblo”.

En su conferencia, López Obrador dijo que lo que “estamos pidiendo es que actúen de conformidad con la ley, que tengamos un auténtico estado de derecho pero no en el discurso, no a la demagogia”. Recordó que ese expediente fue archivado injustificadamente por un ministro famosísimo (Luis María Aguilar, al que tampoco mencionó por su nombre), durante nueve meses porque él sabía que no iba a ser competencia de la Corte y que se tenía que devolver al Tribunal.

“Por procedimiento no tenia porque llegar a la Corte, pero lo atrae el ministro y en vez de empezar a estudiarlo, para resolver si procedía que se tratará el caso si le correspondía a la Corte, como sabe que no es competencia de la Corte, lo sabe perfectamente.. Lo que hace es guardarlo para ganar tiempo y esperar que pasa.

López Obrador insistió en condenar la manipulación del Poder Judicial en los tiempos que dilatan casos de evasión fiscal. Mencionó el caso de una empresa “chatarrera” en cuyo proceso, el juez dilató la primera audiencia 195 días u otra empresa aérea, cuya primera audiencia dilato más de 700 días para concederla.