San Juan de Sabinas, Coah. Familiares de mineros muertos en la carbonera Pasta de Conchos se quejaron por opacidad y falta de información por parte de la Fiscalía General de la República en relación con los avances en los trabajos de búsqueda y recuperación de los mineros atrapados en el socavón desde hace 18 años.
Elvira Martínez Espinoza, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, señaló que, con el paso de los días, la situación se torna cada vez más desesperante. “La Fiscalía General de la República no nos está informando nada de los avances reales que hay en los trabajos de búsqueda y recuperación. Hay presencia de gas en las áreas siniestradas y no se tiene un dato preciso de cuándo podrían obtener otra recuperación”, señaló.
Lamentó el desinterés hacia las familias y el control absoluto que pretende mantener la Fiscalía sobre la información.
Por separado, Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo, mencionó que la Fiscalía les condiciona el rescate de los mineros al exigirles que mantengan silencio y no den a conocer avances a la opinión pública. “Nos dicen que posiblemente hasta el 4 de agosto se conocerá directamente a las familias del minero que logre ser identificado, luego de que ya se cumplió un mes de la recuperación del primer cuerpo y los trabajos que siguen con los restos que cuatro días después se tuvieron”, señaló.
Castillo Rábago también expresó su preocupación por la seguridad de los trabajadores que realizan los trabajos de búsqueda y recuperación. “No hay nada concreto, todo sigue muy lento, además hay fallas en el interior de las áreas donde están realizando los trabajos, fallas en el equipo y los trabajadores temen que les pueda suceder algún accidente que cobre la vida de alguno de ellos”, dijo.
Los señalamientos de las viudas se dan luego de que el 28 de junio, brigadas de búsqueda y rescate encontraron los restos de uno de los 63 trabajadores atrapados en la mina, pero los especialistas todavía no determinan su identidad. El 3 de julio también encontraron restos biológicos, sin que las autoridades hayan determinado si corresponden a una o más personas.