El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Southwest Key Programs, el mayor proveedor de alojamiento para niños migrantes no acompañados en ese país, por los abusos sexuales y el acoso que sus empleados habrían perpetrado contra los menores a su cargo a lo largo de ocho años. Esta organización sin fines de lucro continuó recibiendo miles de millones de dólares en contratos gubernamentales y albergando a los niños a pesar de que las autoridades conocían la existencia de un patrón de violencia, simplemente por falta de otro lugar donde ubicarlos.

Aunque de momento se desconoce el número de víctimas y la gravedad de los abusos que sufrieron (y que podrían continuar padeciendo) a manos de Southwest Key, está claro que este escándalo condensa la crueldad y el sinsentido de las políticas migratorias estadunidenses. En primer lugar, muestra las atrocidades a las que conduce la lógica de privatizar y subrogar funciones irrenunciables del Estado, que por su naturaleza e implicaciones requieren un enfoque absoluto de derechos humanos. En este mismo plano, recuerda los incentivos perversos y los círculos que se crean cuando el encarcelamiento (eufemísticamente llamado alojamiento en el caso de los menores) de migrantes se convierte en una fuente de ingresos extraordinarios para empresas o asociaciones pretendidamente no lucrativas: los agentes privados que se benefician del inhumano modelo de combate a la migración irregular se convierten de manera automática en los principales cabilderos por el mantenimiento del status quo y en contra de cualquier intento de reformar un estado de cosas inadmisible.

Además, la denuncia del Departamento de Justicia se da a conocer en momentos en que la administración de Joe Biden usa la política antimigrante como bandera de campaña, un ámbito en el que no puede competir con la identificación entre su rival Donald Trump y los sectores más cavernarios y xenofóbicos de la sociedad estadunidense, pero sí puede causar un enorme daño a las personas que buscan refugio en ese país: entre mayo de 2023 y el mismo mes de este año, su gobierno expulsó a 740 mil personas, más que cualquier año desde 2010. Desde el pasado 4 de junio, Washington dio un paso más en sus violaciones sistemáticas al derecho humano al asilo al restringir de forma casi completa las solicitudes y deportar a los solicitantes sin procesar sus peticiones de acuerdo con la legalidad internacional.

Para los menores migrantes que se encuentran a merced de los agresores en las instalaciones de Southwest Key, el sueño americano en pos del cual dejaron atrás sus lugares de origen se ha convertido en una auténtica pesadilla, una paradoja particularmente brutal si se considera que quienes ingresan a Estados Unidos se sienten a salvo de los peligros que los amenazaban en sus regiones de partida y de los que enfrentan en el camino hacia el norte. Con independencia de las sanciones penales y administrativas que deben fincarse a quienes han perpetrado o facilitado la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en los centros de reclusión, es evidente que este horror no parará mientras persista el fallido enfoque securitista y racista en el manejo de la crisis migratoria.