En México, el asesinato a niños y adolescentes ha sido una problemática en aumento a causa de la violencia de género y estructural que se vive en el país. De acuerdo con el último reporte enunciado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), de enero a junio de este año se han perpetrado 527 asesinatos de niños, niñas y adolescentes en el país, de los cuales 18.9 por ciento fueron contra niñas y mujeres jóvenes (https://acortar.link/hhgCXb).

Asimismo, en el artículo 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se menciona que las autoridades de los distintos niveles y ámbitos de gobierno deben garantizar la protección de la vida, la supervivencia y el desarrollo de estos sectores de la población con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Sin embargo, el acceso a la justicia para sus familiares puede implicar muchos retos, ya sea porque pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como las comunidades indígenas o bien porque los culpables estén vinculados con asociaciones delictivas o agrupaciones políticas.

El pasado 1º de junio del año en curso, el adolescente Cristian Gobierno, perteneciente a la comunidad indígena de Huitzilán de Serdán en Puebla, fue privado de su vida y sueños a manos de un presunto culpable que se encuentra prófugo de la justicia.

El actuar que la familia de Cristian ha recibido de las policías municipal y estatal ha sido revictimizante, omiso y deficiente, pues al pertenecer un pueblo originario, las autoridades no han garantizado las condiciones necesarias para respetar los usos y costumbres de los parientes en estas situaciones, además de no brindar un intérprete en su lengua nativa (náhuatl) para la comprensión y el acompañamiento adecuados, violentando sus derechos humanos.

Ante ello, ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a la comunidad de Huitzilán de Serdán han señalado y documentado diversas situaciones que violentan sus derechos al acceso a la justicia y al debido proceso, limitantes para que la familia de Cristian pueda obtener justicia para el joven.

Por un lado, las autoridades municipales no llevaron a cabo de forma adecuada el proceso para el levantamiento del cuerpo, perdiendo pruebas relevantes en el lugar del hecho. A raíz de esto y teniendo conocimiento de que la comunidad es mayormente indígena, no llevaron a un intérprete de náhuatl que pudiera explicar el proceso judicial.

Ello no sólo implicó una vulneración de sus derechos como indígenas, sino que los policías a cargo los utilizaron para hacerlos firmar un acta de defunción en donde se señala que la muerte de Cristian fue un ataque al corazón que sufrió en su propia casa, cuando en realidad fue encontrado en el río Ateno con signos de tortura y abuso sexual, así como con el presunto responsable del crimen a un lado de él.

Por otro lado, la impunidad se volvió una constante en este caso, pues a pesar de que la policía municipal arrestó al posible culpable en la comunidad de Huitzilán de Serdán, no llegó a la estación ni se conoce su paradero oficial desde ese suceso.

Es importante mencionar que estas situaciones, que van desde la represión hasta el asesinato, han sido recurrentes para la comunidad, ya que se ha ejercido violencia hacia sus integrantes por integrantes de una agrupación política dominante en la región, conocida por corrupción y asociación con instituciones municipales y estatales.

Ante ello, la comunidad de Huitzilán de Serdán exige a las autoridades correspondientes que protejan sus derechos humanos para que la justicia para Cristian y sus familiares sea posible y que no se convierta en un número más para la impunidad, sino que se dignifiquen su vida y sus sueños.

Para ello, es necesario que las instituciones garanticen las condiciones necesarias con el fin de que puedan acceder a la justicia con base en el respeto a sus usos y costumbres como comunidades indígenas. También, que brinden los elementos necesarios para que el derecho al debido proceso se acate bajo la normatividad y los estándares nacionales e internacionales correspondientes en materia de derechos humanos, pueblos indígenas, niñeces y adolescencias.

Que la vida de Cristian sea dignificada con la verdad y justicia, no más impunidad ni corrupción para él ni para ningún niño o niña ni indígena más.