La Haya. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó ayer que la ocupación israelí de los territorios palestinos –que lleva décadas– es ilegal e instó a ponerle fin lo más rápidamente posible.

El máximo órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyos dictámenes no son vinculantes, pero pueden incidir en la presión internacional, se pronunció sobre las consecuencias legales de la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel desde 1967, en un momento de creciente tensión tras más de nueve meses de conflicto bélico en Gaza.

Nawaf Salam, el magistrado que preside el tribunal con sede en La Haya, declaró que el Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados lo antes posible, tras un proceso sin precedentes en el que medio centenar de países brindaron testimonio.

El tribunal dijo que las obligaciones de Israel incluyen el pago de una indemnización por daños y perjuicios y la evacuación de todos los colonos de los asentamientos existentes.

La CIJ tomó este caso después de que la Asamblea General de la ONU adoptó, el 31 de diciembre de 2022, una resolución para pedirle su opinión consultativa sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén-Este.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tachó el pronunciamiento como una mentira y afirmó, en un comunicado, que el pueblo judío no es ocupante en su propia tierra ni en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en nuestro patrimonio ancestral de Judea y Samaria, denominación que corresponde al territorio de Cisjordania reocupada.

El primer ministro, que viajará la próxima semana a Estados Unidos –su principal aliado– manifestó que ninguna decisión con base en mentiras en La Haya distorsionará esta verdad histórica.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, colono deextrema derecha y partidario de la anexión de toda Cisjordania, denunció a la CIJ como una organización abiertamente antisemita y política.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmud Abbas, celebró la histórica decisión del tribunal.

La presidencia aplaude la decisión de la Corte Internacional de Justicia, la considera una decisión histórica y exige que se obligue a Israel a implementarla, declaró Abbas en un comunicado difundido por la agencia oficial palestina Wafa. La ministra delegada de Relaciones Exteriores de la ANP, Varsen Aghabekian Shahin, afirmó que este es un gran día para Palestina, histórica y legalmente.

En tanto, el enviado especial del presidente Abbas para las relaciones internacionales, Riyad al Malki, instó a todos los países a reconsiderar las relaciones con Israel tras el fallo de la Corte.

Hamas, por su parte, exigió una acción internacional inmediata para terminar con la ocupación israelí de territorios palestinos.

En junio de 1967, Israel libró la Guerra de los Seis Días, y arrebató el control de Cisjordania y Jerusalén Este a Jordania; de los Altos del Golán a Siria, y de la franja de Gaza y el Sinaí a Egipto.

Posteriormente, Israel comenzó a ocupar los 70 mil kilómetros cuadrados de territorios árabes tomados. La Organización de Naciones Unidas declaró ilegal esta ocupación.

Peligro extremo para la región

En las audiencias de febrero en La Haya, la mayoría de quienes tomaron la palabra llamaron a Israel a poner fin a la ocupación posterior a la Guerra de los Seis Días, y algunos advirtieron que una ocupación prolongada supone un peligro extremo para la estabilidad en Oriente Medio y más allá de la región.

Los representantes palestinos acusaron a los israelíes de dirigir un sistema de “colonialismo y apartheid” y exhortaron a los jueces a que pidan el fin de la ocupación de forma inmediata, total y sin condiciones.

El embajador de Sudáfrica en los Países Bajos dijo ante los jueces que las políticas de Israel en los territorios palestinos son una forma aún más extrema del apartheid que su país vivió antes de 1994.

Pero Washington salió en defensa de su aliado, diciendo que Israel no debería estar legalmente obligado a retirarse, sin tener en cuenta sus necesidades muy reales en materia de seguridad.

Israel no participó en las audiencias, pero presentó una contribución escrita en las que calificaba las preguntas planteadas al tribunal como perjudiciales y tendenciosas.

Estas audiencias no están relacionadas al caso presentado ante la CIJ por Sudáfrica, que acusa a Israel de cometer desde octubre actos genocidas en Gaza contra la población palestina.