Bogotá. El presidente colombiano Gustavo Petro instalará en la tarde del sábado un nuevo periodo legislativo en el Congreso que será clave para el futuro de las ambiciosas reformas sociales en las que insistirá cuando llega a la mitad de su mandato.

De fondo hace ruido un escándalo de corrupción en la estatal Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres por presuntos sobrecostos en contratos que habrían servido para supuestos sobornos en favor de las reformas sociales. Exfuncionarios, ministros y congresistas han sido cuestionados y algunos enfrentan investigaciones judiciales.

“¿Dónde está la reforma laboral que le entrega dignidad al pueblo trabajador? ¿Acaso la han aprobado? ¿Entonces nos van a decir que compramos congresistas? Quizás porque no compramos congresistas es que no nos han aprobado las reformas”, reclamó el jueves Petro, al negar sobornos para los legisladores.

Petro ha apostado su capital político a las reformas sociales, como parte de sus promesas de campaña para reducir la brecha de desigualdad, que considera un problema preponderante en el país. Sin embargo, las victorias han sido pocas. La más notable fue la reforma pensional aprobada en junio, que cambia el esquema que funcionaba hace tres décadas. Pero se hundieron la reforma a la salud y la ley para regular el sistema educativo.

En la nueva legislatura se espera que el gobierno presente una nueva reforma a la justicia, al sistema educativo, a la salud y que continúe el trámite de la reforma laboral, a la que le restan tres debates para ser aprobada.

El actual Congreso —elegido en marzo de 2022 por voto popular— es diverso en sus fuerzas políticas y tiene una representación de la izquierda sin precedentes, aunque no suficiente para ser mayoría. Petro todavía debe convencer al centro político y a los partidos de derecha. Se prevé, según acuerdos políticos previos, que el conservador Efraín Cepeda obtenga la presidencia del Senado —la mayor posición de poder en el Congreso—.

“Cepeda ha demostrado no ser tan cercano al gobierno, pero es del partido Conservador y ellos si bien no han apoyado algunas de las reformas, sí le han hecho quórum (presencia mínima para votar leyes) al gobierno y eso es una forma de apoyarlo”, señaló a The Associated Press Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia.

Los anteriores presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, son investigados por la Corte Suprema de Justicia por el caso de presunta corrupción. Sneyder Pinilla, exempleado de la UNGRD investigado por la Fiscalía, denunció que parte del dinero para la compra de los carrotanques por 12 millones de dólares que resultó en sobrecostos habría ido a parar a las arcas personales de los congresistas. Name y Calle han negado dichas acusaciones.

Pese al escándalo de presunta corrupción, Garay considera que a los congresistas no les afecta del todo la percepción negativa que pueda tener la opinión pública y podrían apoyar las reformas sociales. “No me sorprendería que igual vayan a apoyar al gobierno, una cosa es la retórica y otra la práctica”, agregó el analista.

En esta nueva Legislatura, Petro impulsará sus proyectos con el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con quien ha dicho que impulsará un “fast track”, una fórmula para aprobar leyes por vía rápida en el Congreso que fue usada temporalmente hace siete años y que busca revivir, según ha dicho, para avanzar en la implementación del acuerdo de paz que en 2016 firmaron el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero la vía rápida no sería sencilla. El Congreso tendría que aprobar una ley que establezca los instrumentos jurídicos para dar trámite ágil, lo que tardaría varios meses, y luego la Corte Constitucional decidiría si la propuesta es o no acorde con la Constitución.