Bogotá. Dos años y cuatro meses después de incursionar en un remoto caserío del departamento del Putumayo, al sur de Colombia, 24 militares fueron imputados hoy por el asesinato de 11 civiles que celebraban un bazar con el fin de recolectar fondos para obras sociales de su región.

Según la Fiscalía General (Procuraduría), los militares se camuflaron con trajes negros para perpetuar esta masacre que duró dos infernales horas, durante las cuales atacaron con mas de 1.600 disparos a los pobladores del caserío, conocido como Alto Remanso.

Un comunicado emitido por la fiscalía detalla que, luego de observar a la distancia la actividad social que se llevaba a cabo, los militares abrieron fuego de manera indiscriminada contra la pequeña aldea, afectando 13 casas, la caseta comunal, el polideportivo y el pequeño puerto sobre el río. Los militares, integrantes del batallón contra el narcotráfico número 3, quisieron presentar los hechos como un combate contra fuerzas irregulares de los denominados Comandos de la Frontera, pero las pruebas y los testimonios de los sobrevivientes demostraron que 3 oficiales, 4 suboficiales y 18 soldados habían accionado sus armas, incluidas granadas y morteros, a sabiendas de que atacarían a civiles inermes.

En el ataque, ampliamente difundido en su momento por la mayoría de medios locales, murieron un gobernador indígena, el presidente de la junta de acción comunal de Alto Remanso, un menor de edad y otras ocho personas, campesinos e indígenas de esta región históricamente excluida y escenario de continuos episodios de violencia, derivados de las economías ilegales y de la presencia de cuatro estructuras armadas ilegales.

Según analistas locales, la imputación de cargos hecha por la fiscalía contra los 24 militares es una clara señal del giro que está experimentando esta entidad en materia de derechos humanos desde la posesión como Fiscal General de Luz Adriana Camargo, el pasado 22 de marzo.

Pese a que el comunicado de la fiscalía fue divulgado con amplio despliegue en horas de la mañana, activistas en derechos humanos y dirigentes agrarios llamaron la atención sobre el hecho de que, hasta bien entrada la tarde, ningún medio de comunicación hubiera publicado la noticia sobre la inculpación a los militares por la masacre de Alto Remanso.