El cauce natural de la barranca Anzaldo, en La Magdalena Contreras, por el que baja el río San Jerónimo, fue cerrado por la construcción irregular de cuatro viviendas, que para edificar una planta baja y dos niveles tuvieron que rellenar al menos 10 metros de profundidad con basura, cascajo, sillas, sillones, huacales de madera y cajas de plástico, denunciaron pobladores de San Bernabé Ocotepec, quienes han venido presentando quejas ante autoridades federales y locales desde 2010.

Irene Salvador Escobedo, integrante de la organización Pueblos y Voces de la Barranca, dijo que al final, en 2012 quedaron sepultados árboles de diferentes especies como encinos y tepozanes; sin embargo, confió en que las edificaciones ilegales sean derribadas, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la denuncia que presentó la Red Solidaria Década Contra la Impunidad por violaciones al medio ambiente y omisiones del Estado mexicano, que deberá responder en los tres meses siguientes a la notificación, prorrogable a un máximo de cuatro.

La activista de 61 años de edad, originaria del pueblo de San Bernabé Ocotepec, señaló que hay en la barranca una alta erosión eólica e hídrica; hemos estado insistiendo en la omisión de las diferentes dependencias del gobierno federal y local porque no debieron permitir la construcción en la barranca.

Recordó que toneladas de cascajo y basura fueron llevadas por sujetos desconocidos en decenas de camiones materialistas para hacer el relleno, luego empezó la construcción de las casas, al parecer por personas ajenas al pueblo.

Relató que en temporada de lluvias se queda estancada el agua, que ya no baja para unirse a otro ramal que aún existe y cruza por la cerrada Nogal Silvestre, ubicada entre las colonias San Bernabé Ocotepec y Potrerillo, cuyo destino es la presa Anzaldo.

Más de 10 años olvidados

El agua que ya no fluye afecta a la propia barranca, que se ha erosionado, dijo la activista, que ayer después de que se conoció la resolución de la CIDH se apersonaron trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, quienes, a decir de Salvador Escobedo, no habían venido a reforestar desde hace como 10 o 12 años.

Recordó que en diciembre de 2021 y principios de 2022 se colocaron sellos de suspensión de actividades de la Sedema y el Instituto de Verificación Administrativa en las construcciones ilegales; sin embargo, sujetos con chalecos color verde que se presentaron como supuestos trabajadores de la Secretaría de la Contraloría retiraron los sellos y aceleraron los trabajos de construcción.

En marzo pasado, los quejosos lograron que se repusieran los sellos, sin que hasta la fecha conozcan avances de la denuncia que presentaron ante la Fiscalía General de Justicia local.

La barranca Anzaldo fue declarada área de valor ambiental en la Gaceta Oficial del gobierno capitalino en diciembre de 2011, por lo que demandó que las construcciones se derriben porque se construyeron por encima del decreto, ya que no hay licencias de manifestación de construcción y se está dañando el ambiente”, dijo.

En un recorrido por la barranca se observaron otras casas improvisadas con tablas de madera, sin habitantes, algunas llantas apiladas, botellas de bebidas alcohólicas y vasos desechables, a pesar de que la organización hace labores de limpieza constantes en la zona donde existen cuatro ahuehuetes, además de águilas, pájaros carpinteros, cacomixtles y serpientes, entre otras especies animales y vegetales.