Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió su Recomendación 05/2024 al Instituto de la Vivienda, por la falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la vivienda en el caso de una adulta mayor, quien cumplió con los pagos de su departamento y agotó las gestiones correspondientes, pero se le ha negado la entrega de sus escrituras.
Tan sólo en los últimos 30 años, destacó la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, el número de adultos mayores se duplicó, en una relación de 90 por cada 100 menores de 15 años, lo cual refleja un proceso acelerado de envejecimiento que se vive.
Hoy, dijo, 16 por ciento de la población de la capital del país tiene 60 años o más, quienes se enfrentan a una desigualdad estructural, que los lleva a ser víctimas de mayor exclusión, discriminación, maltrato, violencia y obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos.
Además de presentar un mayor grado de incidencia de pobreza. En 2020, por ejemplo, casi la mitad de esta población contaba con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza, esto es, por debajo de los 3 mil 202 pesos mensuales, mencionó.
De acuerdo con el INEGI, 43 por ciento de las personas carecen de una vivienda propia y según ONU-Hábitat, 38.4 de quienes habitan una vivienda en el país, lo hace en condiciones de hacinamiento o carece de servicios mejorados de agua o saneamiento.
Pese a que, 4 de cada 10 viviendas son propiedad de mujeres, de acuerdo con el INEGI, la diferencia entre los ingresos de un hombre y una mujer, lleva a ésta a depender en mayor proporción a una vivienda en alquiler, comentó.
En el caso de Magdalena, la Tercera Visitaduría General documentó violaciones al derecho a la vivienda adecuada por la falta de seguridad jurídica, lo cual le ha generado un desgaste personal en el intento por consolidar su patrimonio y afianzar su proyecto de vida, comprometiendo también el disfrute de su derecho a la salud, a la familia y a la propiedad.
En la Recomendación 05/2024 dirigida al Invi, en su calidad de autoridad responsable, se
considera su inscripción en el Registro de Víctimas, que colabore con la Comisión Ejecutiva de Víctimas para la emisión del plan de reparación integral y le sea entregada su escritura.
Además de que, el Instituto incorpore en sus procesos administrativos, los mecanismos de su supervisión y control, a fin de evitar dilación en la entrega de las escrituras públicas de la propiedad de sus acreditados, señaló.
La ombudsperson le informó a Magdalena que “parece ser que vamos a lograr que por fin lleguemos al notario y se pueda hacer eso, pero seguiremos dando seguimiento a la aceptación de este instrumento recomendatorio, y que tengas tus escrituras”.