El Poder Judicial se niega a emitir la orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen y quien es señalado como probable segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
Así lo denunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, al reprochar de nueva cuenta las acciones de jueces y magistrados en torno a temas de justicia relevantes en el país.
La Fiscalía General de la República (FGR) retomó hace unos meses la hipótesis del segundo tirador en el crimen contra el ex candidato del PRI a la Presidencial de la República suscitado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.
“En el caso del asesinato del candidato Colosio, ¿se acuerdan que hablamos de cómo un juez niega la orden de aprehensión? Pues ya tengo el informe de la Fiscalía (General de la República) en donde se está esperando una resolución. Se presentó un recurso de queja y el juez no quiere resolverlo”, señaló el mandatario en su conferencia en Palacio Nacional.
Leyó parte del informe que el envió el fiscal general, Alejandro Gertz en el que se señala que desde el 30 de octubre del año pasado se solicitó la orden de aprehensión en contra del inculpado.
El reporte advierte que pese a las insistencias de la Fiscalía, el juez quinto de distrito de procesos penales federales del estado de México no aceptó la competencia, declinándolo al juzgado primero de distrito; y posteriormente éste lo regresó al primero.
Por lo que el jefe del Ejecutivo enfatizó que “han estado ahí, peloteando” el caso para poder emitir la orden de aprehensión en contra del ex agente del Cisen, quien de acuerdo a información de las autoridades ministeriales tras el asesinato de Colosio, fue rescatado por Genaro García Luna, quien entonces era parte de esa corporación de espionaje y en el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en secretario de Seguridad Pública.
De acuerdo con el documento de la FGR, los jueces no han tomado en consideración las pruebas presentadas por el Ministerio Público y prolongaron por varios meses la decisión de emitir la orden de aprehensión; hasta que en enero de este año el juzgado quinto de distrito —al primero en el que se solicitó el arresto— negó la orden de aprehensión.
Ante ello, el 8 de enero se interpuso un recuso de apelación en un tribunal colegiado ante la falta de acción del juzgador, el cual lleva varios meses sin ser debatido en sesión.
El 15 de junio de este año, según el informe de la Fiscalía, se solicitó audiencia con la magistrada del tribunal colegiado de apelación, quien comentó que el tiempo para resolver el recurso planteado sería el promedio de cuatro meses.
Así, el pasado 15 de julio la FGR volvió a revisar —como lo hace cada lunes desde que en enero presentó la apelación— la lista de asuntos a sesionar en el primer tribunal colegiado de apelación, “pero no se encuentra contemplado para la sesión del 18 de julio”.
En el documento enviado al presidente, el fiscal Gertz explicó que si el tribunal colegiado confirma la negativa de la orden de aprehensión, “no procedería ningún recurso, en virtud que ni el código procesal ni la ley de amparo lo preven”.
En caso de que así sea, detalló que la FGR tendría que volver a ejercer acción penal reforzando los elementos de prueba”.
Sin embargo, el nuevo proceso correspondería al mismo juez que ya negó la orden de aprehensión, lo que para el fiscal general representaría un nuevo obstáculo porque “el titular de ese juzgado ya se encuentra predispuesto en su criterio, por lo que se procurará invocar alguna causa de impedimento para que sea otro juzgado el que atienda”.
