Ciudad de México. Por unanimidad, la Comisión Permanente aprobó el nombramiento de diez magistrados de tribunales agrarios, propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, buena parte de ellos oriundos de comunidades indígenas, hijos de ejidatarios.

Se trata de Alejandro Domínguez Muñoz, Carlos Alberto Durán Rojano, Elohim Sandoval Pérez, Gabriel Juárez García, Griselda Martínez Vázquez, Juan Carlos Robles Sierra, Reynalda Merchant Aguilar y Rosa Imelda Leyva Barraza, designados por el ejecutivo federal como magistrados numerarios de salas regionales del Tribunal Unitario Agrario.

Igualmente, Eugenio Armenta Ayala y Raúl Carrasco Vivar se nombraron magistrados supernumerarios del mismo tribunal. Los diez rindieron protesta de inmediato ante ese órgano del Congreso.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Tercera Comisión de la Permanente, el diputado de Morena, Marcos Rosendo Medina Filigrana, destacó que los candidatos fueron evaluados por los integrantes de ese órgano del Congreso, se revisaron sus expedientes y se les formularon las preguntas necesarias durante su comparecencia y se constató que cada uno de los aspirantes mostraron “vasto conocimiento y experiencia jurídica” y ser idóneos para asumir el cargo de magistrados agrarios.

Destacó que los candidatos propuestos por López Obrador dieron muestra de conocimiento, no solamente en materia jurídica, sino específicamente en materia jurídica agraria. Además, mostraron amplia experiencia, pues muchos llevan laborando en el Tribunal Agrario.

“Estos ciudadanos dieron muestra de sensibilidad social, muchos de ellos son oriundos de comunidades ejidales, son hijos de madres y padres ejidatarios y entienden que en materia agraria no solamente es la aplicación de la ley, sino el ideal y el objetivo de la justicia para los pueblos originarios y comunidades campesinas”, expresó el diputado de Morena.

En el dictamen se destaca asimismo que , “la conformación de los Tribunales agrarios se da en aras de garantizar el cumplimiento del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que a toda persona tiene derecho a se le administre justicia pronta, completa e imparcial”.