La propuesta formal de reforma judicial, que presentó el Presidente de la República antes de las elecciones del 2 de junio, alborotó el gallinero. Salieron a relucir de inmediato los usuales críticos desde sus consagrados púlpitos cotidianos.

Como de costumbre, la oposición lució sus atrancados rechazos terminales a esta iniciativa. Nada nuevo hasta esta altura de la disputa. Una confrontación que ya se había hecho vieja: llevaba poco más de cinco años y la ferocidad era, simplemente, el sello de la privada casa mediática.

No había manera de esperar algo distinto, a la multiforme reacción del conservadurismo en su inveterada intentona restauradora del modelo acumulador y sus ponzoñosas derivas. A cada paso de las propuestas o acciones emprendidas por el gobierno acudían, en tropel y cerrando filas, los rivales de la férrea y contrapuesta coalición, la cual se integraba mejor al paso de los meses.

Hacían su cotidiano acto de presencia, con decidida movilidad, la mayoría de los medios de comunicación –impresos y electrónicos– con sus beligerantes estrellas a bordo. Bravos y encendidos enfoques en columnas periodísticas, artículos y otros trabajos de académica tesitura, repetían los argumentos seleccionados para causar efectos entre los enterados.

Las mesas redondas y entrevistas a modo volvieron con ánimo retocado. Una serie de organizaciones de la llamada sociedad civil emprendieron, de inmediato, la ruta de la confrontación. Otras, tomaron las calles al grito de: “¡No pasarán!” Fue clamor acostumbrado, ya cansino, pero resistiendo al uso y la emoción para el segundo tramo.

Con la vista puesta en la proximidad de las elecciones de 2024, el empuje de respuesta se hizo presente. Ya tenían candidata que les entusiasmaba y reforzaba sus ralas filas. Pero el 2 de junio los destempló por completo, aunque de variadas maneras recompusieron ánimos y enfoques para volver al combate.

Y ahí se encuentran ahora, sólo que portan lo que consideran novedosos enfoques: irán por el sustento que posibilita la aprobación de las 20 reformas enviadas desde Palacio Nacional. Habría que sumarle otras varias que añadirá la candidata, ahora virtual presidenta electa.

Todo depende de la sobrerrepresentación que los morenos y aliados tratan de montar sobre su copiosa votación conseguida. Hay que evitar a toda costa, dicen sin suficiente seguridad, que las autoridades del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les concedan lo que califican de atraco y fraude constitucional.

El gobierno y el que vendrá como consecuente periodo confían en asegurar una mayoría calificada, cuando menos, en la Cámara de Diputados. En el Senado quedarán, predicen, cortos por uno o dos de ellos.

El panorama luce aterrador para algunos alarmados críticos. Se han enrollado, como táctica usual, en trágica bandera y predican perdiciones nacionales al por mayor si se aprueba la iniciativa presidencial de marras. La actitud preocupada por la acumulación de poder, los miedos proclamados ante el absolutismo en ciernes, las catastróficas consecuencias financieras, la defectuosa armazón logística que acompaña a la reforma, sus prisas innecesarias, destempladas, son, en verdad, estériles usanzas.

Le añaden ahora algunas novedades que, piensan, refuerzan sus posturas: “turbulencias” en bonos, inversiones, peso e inflación. Todos y cada uno de ellos portando peligros estratégicos que se pueden y deben evitar.

Tanto por Andrés Manuel López Obrador como, de manera más precisa, por la venidera presidenta. Ella no debe seguir las imposiciones del saliente. Debe encontrar su propio modo de ser y hacer, el cual, sin duda, en opinión conservadora, será distinto y de suave proceder. No puede, según esta conseja, seguir la línea que le han marcado desde Palacio Nacional.

Esperan, con seguridades tambaleantes pero repetidas, que se corrijan los rasposos bordes actuales que polarizan. Y, así las cosas, todo se acomodará a una recomposición prometedora. No oyen, por lo demás, las propias definiciones que la doctora Claudia Sheinbaum ha ido adoptando. Las piensan transitorias y forzadas por emergencia de la actualidad.

Lo nuevo que añaden a su argumentación y, en particular, a sus voces destempladas por los tonos empleados, es el cambio de régimen o, más abarcador aún, la transformación del Estado que va implícita en la reforma judicial en marcha.

Tan sencillo que sería pensar este movimiento reformador como un intento de cambiar lo que no funciona. Eso que la gente quiere hacer. Un sano propósito político de inaugurar la pieza que le falta –para su equilibrio constructor– al sistema de poderes.

No sigan aconsejando, y aterrando a sus votantes, por sendas minadas y peligros inexistentes. Alivien la carga de odios que les llevan a la derrota insensata.