Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, presentó ante el Congreso de los Diputados las “líneas generales” o el “esqueleto” de su llamado “plan de regeneración democrática”, con la que aspira a reformar una serie de leyes para sancionar con más dureza las campañas de intoxicación a través de las llamadas fakes news y delimitar el marco jurídico y administrativo para las campañas publicitarias en los medios de comunicación, con el objetivo de dejar al margen a los “pseudomedios” o “pseudoperiodistas”.
Sánchez compareció ante el Parlamento sin un plan concreto, definido al detalle tal y como había anunciado hace ya más de dos meses, cuando decidió apartarse cinco días de la vida pública para decidir si valía o no la pena seguir adelante en el cargo. El detonante de aquella decisión abrupta fueron las noticias publicadas en torno a su esposa, Begoña Gómez, y al inicio de acciones penales en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El mandatario español atribuye tanto las noticias publicadas en prensa como al proceso judicial abierto en su contra a una campaña de la “ultraderecha” y fruto de la “maquina del fango” activada en su contra desde que asumió el poder, hace cinco años.
El único anuncio concreto de Sánchez en torno a este plan es que iniciará “en las próximas semanas” una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante su iniciativa, sobre todo pensando en las fuerzas políticos que le permitieron sacar adelante la investidura, es decir los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat), los separatistas vascos de EH-Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Compromis, Podemos, Coalición Canaria (CC) y su socio de gobierno, Sumar.
Sánchez anunció además un paquete de 100 millones de euros (mil 800 millones de pesos) para la digitalización de los medios de comunicación, además de la aprobación de una reformar legales para reforzar el derecho a la rectificación de la ciudadanía y cambios en la llamada “ley mordaza” en lo relativo a la libertad de expresión.
Este plan, señaló Sánchez, se resumirá en cuatro principios: transparencia, independencia, pluralismo y protección. Y además se actuará sobre la propiedad, la publicidad y la audiencia de los medios, en base al Reglamento Europeo aprobado el pasado mes de marzo y que tiene como objetivo “evitar que alguna fuerza política compre líneas editoriales.
Sánchez advirtió que la democracia “está en riesgo por viejos enemigos que cuestionan los resultados electorales, distorsionan la realidad con los bulos, desinforman e intoxican el debate público”.
Desde la oposición, tanto el PP como Vox cuestionaron el interés de fondo de Sánchez en aprobar estas nuevas leyes y reformas, al sostener que pretende silenciar a los medios de comunicación que han publicado en las últimas semanas las noticias que vinculan a su esposa con la trama de corrupción.
