Como se recordará, el pasado 7 de junio Ahumada Kurtz fue capturado en Panamá, cuando hizo una escala allí en un viaje que inició en Asunción, Paraguay, y que tenía como destino Guatemala, en cumplimiento de una ficha roja de la Interpol emitida a solicitud del gobierno mexicano. En una secuencia de hechos sumamente oscura, las autoridades panameñas afirmaron que México no había reclamado la extradición, por lo que decidieron proceder con la devolución correspondiente hacia Asunción. De allí, el acusado de fraude viajó a su Argentina natal, país del que ayer fue extraditado sin oposición de su parte.

Es entendible: Ahumada Kurtz contaba con la protección de la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, quien no tuvo empacho en otorgarle un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión emitida por prácticamente cualquier juzgado del estado de México, con el añadido de que el acusado podría ampliar la larga lista de tribunales contenida en la resolución.

Por la imputación vigente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que pesa sobre el empresario –fraude genérico por 30 millones de pesos–, éste tendría que compurgar una pena de cárcel de un año y 11 meses. Pero Ahumada Kurtz tiene detrás una vasta trayectoria delictiva que empezó en 1990, cuando pasó un mes en el Reclusorio Oriente por una aparente estafa financiera; siguió con los llamados videoescándalos de 2004, montados con su colaboración por Diego Fernández de Cevallos, Carlos Salinas y otros con el propósito de desprestigiar al entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador; en 2019 fue detenido en Argentina a petición de la FGR por una defraudación fiscal de un millón 400 mil pesos.

Con esos antecedentes, sumados a que el empresario intentó evadir la acción de la justicia, la suspensión provisional concedida por la jueza Sánchez Cisneros no puede verse sino como una más en esa larga cadena de resoluciones judiciales orientadas a garantizar la impunidad de magnates, políticos y líderes de la delincuencia organizada. Son esos actos recurrentes, contrarios a la justicia y en los que es inevitable sospechar corrupción, los que han situado al Poder Judicial en la cima de su desprestigio y que confirman día a día la urgencia de emprender un saneamiento general y profundo de las instituciones y dependencias jurisdiccionales del país.