Buenos Aires. América Latina y el Caribe arrastra “una fuerte dificultad para crecer”, situación que se ha agudizado con el incremento de la carga de intereses de la deuda pública en cerca de un punto del producto interno bruto (PIB) y que no sólo se está compensando con recortes al gasto en política social como educación y salud, sino con menos inversión en infraestructura, advirtió Noel Pérez Benítez, jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la División de Desarrollo Económico en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La región en general ha registrado un sesgo hacia los déficits fiscales, dado que los ingresos han sido insuficientes. Si bien, la pandemia de coronavirus obligó una expansión del gasto público para compensar los efectos de la emergencia sanitaria, tanto en salud como económicos, desde 2021 se regresó a la “consolidación fiscal”. Esto se debe en parte a la presión que imprime el costo financiero de la deuda; el cual, en poco más de una década, pasó de acaparar 11 por ciento de los ingresos tributarios en la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe, a 17 por ciento e incluso hay algunas donde representa más del 20 por ciento.
“En general, en toda la región el pago de intereses ha subido considerablemente en los últimos años. Si comparamos el 2012 con el 2023 vemos que el promedio regional en el pago de intereses pasó de 1.7 a 2.7 por ciento (del PIB)”. Esto implica que una década un punto (adicional) del PIB se está yendo a pagar intereses, lo que resta recursos a otras áreas, detalló Pérez Benítez, durante su participación en la Octava Conferencia Internacional sobre Flujos Financieros Ilícitos, Crisis múltiples y gobernanza fiscal global.
El pago de intereses se debe a los altos niveles de las tasas de referencia y reales, que tuvieron su mayor repunte en los últimos tres años. El meollo se encuentra en qué se deja de hacer con ese punto del PIB adicional que ahora absorbe el mero pago de obligaciones. No se queda en el recorte o eliminación de programas que son una fuerte parte del gasto social en la región, sino que al reducir la inversión en infraestructura “se está hipotecando la capacidad de crecimiento futuro y de converger en términos de desarrollo con economías desarrolladas”, comentó el investigador de la Cepal.
Comparativos del organismo muestran que entre 2012 y 2021, el gasto en intereses de la deuda pública creció más que el de áreas prioritarias para la política social.
En 2012 el pago de intereses representó 47 por ciento del destinado a educación. Una década después ya alcanzaba 63 por ciento. En salud –tomando en cuenta que la pandemia obligó a un incremento en los recursos a este rubro– la proporción del costo financiero de la deuda pasó de 62 a 64 por ciento; y en protección social el repunte fue de 46 a 54 por ciento, respectivamente.
Pérez Benítez enfatizó que las estructuras tributarias en América Latina y el Caribe se basan en un paradigma regresivo, son dependientes de impuestos al consumo que suelen considerarse los menos aptos para mejorar la distribución. Además las bases gravables son estrechas y las renuncias recaudatorias son aprovechadas por las personas de mayores ingresos.
La Cepal calcula que el año pasado el incumplimiento tributario –la evasión y elusión– representó alrededor de 6.7 por ciento del PIB; y a ello se suman las renuncias –esquemas a través de los cuáles las oficinas fiscales renuncian a cobrar todo lo que podrían recaudar– que en promedio equivalen a 3.7 por ciento del PIB (según datos de 2021), sin que exista información suficiente para saber cuál es su efecto y si están cumpliendo con su objetivo.
