La corrupción ha sido un factor fundamental que ha distorsionado el desarrollo urbano en el país, encarecido la introducción de servicios públicos y generado proyectos habitacionales disociados de la planeación urbana, afirma la próxima secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. “No se puede basar un negocio (de los desarrolladores inmobiliarios) en el abuso de la ley”.

En entrevista con La Jornada, la primera que otorga desde que fue presentada como parte del próximo gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la actual subscretaria de Ordenamiento Territorial de Sedatu, Vega Rangel, plantea que el gran desafío para los próximos años es, a partir de consolidar ordenamientos que regulen el desarrollo urbano, “empatar” el crecimiento de las ciudades con el medio ambiente.

Esto significa no sólo garantizar que los nuevos asentamientos humanos tengan asegurado el acceso al agua –en un entorno en que el cambio climático tiene efectos muy acelerados–, sino que se vincule, además, con la gestión integral de riesgos para reducir los efectos en la población ubicada en zonas vulnerables ante los fenómenos meteorológicos.

Vega tendrá a su cargo gestionar uno de los proyectos más ambiciosos de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum: construir un millón de viviendas. Puntualiza que esa cifra no representa la totalidad de las casas que se construirán, sino aquellas que estarán orientadas a atender demandas específicas asociadas con el impacto de crecimiento urbano en torno a los proyectos estratégicos y polos de desarrollo; responder a la creciente demanda de asentamientos humanos derivadas de nuevas inversiones extranjeras (nearshoring) y la atención a la población no derechohabiente.

Doctora en sociología con especialidad en sociedad y territorio, la próxima secretaria subraya que la reorientación de la política de vivienda en el sexenio actual permitió reducir el rezago de vivienda en México de 9.5 millones de viviendas a 8.3 millones. Este concepto engloba no sólo la carencia de espacios habitacionales, sino también de aquellas cuya vida útil se ha agotado y requieren mantenimiento o ampliación.

“La estrategia que se ha seguido en estos seis años permitió disminuir el rezago habitacional en poco más de un millón de viviendas porque los datos demuestran que la mayor necesidad está en mejoramiento y ampliación. Las familias edificaron sus viviendas en los años anteriores, ya que de 60 a 70 por ciento de la población construye o amplía su vivienda por cuenta propia”. No en el sentido de que ellos se aboquen a la construcción, sino que no acuden a créditos hipotecarios o de instituciones de vivienda.

Distorsiones en el desarrollo urbano

–¿La corrupción es un factor que distorsiona el desarrollo urbano?

–Totalmente. Creo que sí se ha abusado, se han buscado distintas alternativas en diversos momentos, pero sí hubo una terrible corrupción en distintas instancias que fueron distorsionando todo, lo que afectó el desarrollo de las ciudades.

“Esto es, se desconoce quién otorgó autorizaciones, o bien permisos para determinadas obras, lo que también es corrupción. No sólo es dar dinero a un funcionario, sino distorsionar la ley con afectaciones sociales”.

En paraelo, reconoce que aún ahora muchos asentamientos crecen de manera irregular: “Es necesario lograr que las comunidades no ocupen zonas de alto riesgo, lo que a veces hacen por desconocimiento o porque no tienen otra alternativa. Ese es uno de los principales retos desde hace muchos años”.

–¿Este crecimiento irregular es por falta de opciones?

–La mayor parte sí. Si no tienes alternativas para la población, especialmente la de menores recursos, es un círculo. Puedes regularizar, tomar medidas de mitigación para atender el riesgo, pero la población sigue creciendo y se requieren más programas .

–¿Hay cierta desconexión entre los tres niveles de gobierno para regular el crecimiento? ¿Se requiere mayor vinculación?

–Totalmente. No es falta de interés o negligencia, sino que falta cerrar la pinza para lograr la visión preventiva, las acciones y programas que logren atender esta parte con la comunidad, con los tres niveles de gobierno, pero siempre con la comunidad. Estamos totalmente convencidos de que no lo puedes hacer desde el escritorio, sino con la misma comunidad.

Entre uno de los vacíos que existen, destaca que los municipios tienen las atribuciones para el otorgamiento de permisos y desarrollo de obras, pero sólo 25 por ciento cuenta con mecanismos de planeación.

“En la Sedatu se dio un avance importante en términos de los instrumentos generales, de los programas de desarrollo urbano municipal y estatal e incluso a nivel regional hubo un avance importante a partir de los programas prioritarios. Por ejemplo con el Tren Maya y el tren interoceánico. Una condición que pidió el presidente López Obrador fue actualizar los instrumentos de desarrollo urbano”, lo que permitirá regular su crecimiento a futuro, con el impacto que tendrán estas inversiones.

En entrevista con La Jornada, para Vega Rangel fue inevitable hacer una revisión del pasado y las distorsiones que de alguna manera se avalaron desde las instituciones, especialmente en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Fue un modelo en el que se antepuso el interés de los desarrolladores inmobiliarios sobre la planeación y en especial las necesidades de los derechohabientes, subraya.

“Con el tren de vivienda, que le llamaron con Fox, el objetivo era otorgar millones de créditos y efectivamente se logró, pero con la premisa de que no importaba dónde se construyeran, si estaban muy alejados de los centros urbanos, sin servicios. Hubo una pésima calidad de vivienda de 40 metros cuadrados, pero sí se entregaron un montón de créditos que continuaron con Calderón.

“Hacia el final de su sexenio se observaba ya la crisis, estos conjuntos vandalizados, donde efectivamente la persona obtuvo un crédito casi orientado, ‘aquí está tu crédito y aquí tu vivienda, contrátalo para que no lo pierdas’. Nunca pudieron ocupar su vivienda porque no había servicios, entonces, cómo se iban para allá.”

Aunque en su momento se habló de 6 millones de viviendas abandonadas, actualmente se tiene el reporte oficial de 600 mil, pero se desconoce si el resto fue ocupada por personas ajenas a los originalmente acreditados.

En suma, el desarrollo habitacional privilegió el interés de las inmobiliarias, muchas de las cuales ya desaparecieron y cuyos propietarios enfrentan ahora demandas de la gente, enfatizó.

–¿El modelo estaba corrompido?

–Por completo, todavía se puede observar. En Nogales y en varias ciudades en el norte es obra negra, Ni siquiera es vivienda, y la inversión que se requiere para hacer llegar los servicios es muy fuerte.

En la planeación del proyecto de Claudia Sheinbaum (en consonancia con el gobierno actual) , destaca un viraje en el que no se imponga el interés inmobiliario, sino, por el contrario, a partir de la Sedatu y los organismos de vivienda, se regularán los espacios donde se construirán los nuevos asentamientos bajo ciertas características vinculadas con los servicios y a partir de reservas de tierra con la participación de estados y municipios.

“El planteamiento es que el Infonavit construya, no quiere decir que el aparato construya, sino utilizar el andamiaje que existe: constructoras de muy alta capacidad, de buena calidad, pero la diferencia es que el Infonavit orientará dónde se construirá y los desarrolladores no podrán imponerse ni decir: ‘Aquí están mis viviendas y denles crédito’.”