San Salvador. Unos 3 mil niños y niñas, muchos de ellos sin tener relación con actividades delictivas, fueron detenidos y encarcelados en El Salvador como resultado del régimen de Estado de excepción por el presidente Nayib Bukele desde 2022, aseguró Human Right Watch (HRW).

“Muchos de los menores detenidos durante el régimen de excepción vivían en comunidades de bajos ingresos, donde la violencia era una presencia constante”, además, fueron sentenciados porque autoridades los “forzaron a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura”, denunció el organismo de derechos humanos en un informe que envió a La Jornada.

HRW documentó, entre otros casos, el de Carolina González (seudónimo que usó para proteger la identidad de la joven), una estudiante de 17 años de un pueblo rural del departamento de Sonsonate, a quien autoridades la detuvieron sin mostrarle una orden de aprehensión.

Meses después, la organización internacional informó que “un juez presionó a Carolina y a otros siete menores para que conjuntamente se declararan culpables de colaborar con la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha), lo que ella” negó.

Carolina y otras tres menores aseguraron que un magistrado les dijo que “si uno de ellos rechazaba el acuerdo en el que declaraban su culpabilidad, todos cumplirían penas el doble de largas”.

Ellas se declararon culpables y fueron sentenciadas a un año de prisión. “Todos queríamos estar con nuestra mamá”, aseguró Carolina al organismo.

“La ausencia de mecanismos de control independientes ha facilitado las violaciones generalizadas de derechos humanos”, aseguró Human Right Watch.

El régimen de Estado de excepción, es una medida que se tradujo en serios abusos, entre ellos, la reclusión de los menores en los mismos espacios que los adultos, una violación inminente del derecho internacional y salvadoreño, agregó.

Además, el informe señaló que jueces y fiscales mantuvieron rutinariamente a los niños en detención provisional prolongada, una práctica que, dadas las pésimas condiciones de las penitenciarias de menores, los ha expuesto a riesgos de abuso.

Entre septiembre y diciembre de 2023, HRW visitó los departamentos de San Salvador, Sonsonate y Cuscatlán, en los que testimonios incluyeron a “víctimas de abusos, sus familiares y abogados, testigos, jueces, agentes de policía, expertos en seguridad, maestros, ex funcionarios gubernamentales, periodistas y miembros de la sociedad civil”.