Germán Larrea ha hecho escuela en la geografía empresarial del país, universo en el que, por sus pistolas y en uso de sus inagotables posibilidades
en el sector judicial, los dueños hacen lo que se les pega la gana sin consecuencia legal alguna: unilateralmente cancelan contratos colectivos, declaran ilegales
los movimientos de huelga, amenazan con despidos injustificados, crean sindicatos blancos, mienten en sus balances financieros para que el reparto de utilidades a los trabajadores sea cada vez menor y creen que la mano de obra debe ser gratuita, porque hacen el favor de dar empleo, así sea en condiciones medievales. ¿Y la autoridad laboral? En el limbo, como siempre.
El caso más reciente, que confirma la regla, se registra en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Michoacán, donde el pasado 24 de mayo el sindicato minero estalló la huelga ante la rotunda negativa de su propietaria, la trasnacional ArcelorMittal, a cubrir un pago justo por reparto de utilidades, más un bono especial. De inmediato, el fantasma de Larrea se apersonó: la empresa declaró ilegal
el movimiento, denunció el secuestro de las instalaciones
, recurrió a sus amigos
en el Poder Judicial para negar los amparos solicitados por la representación obrera y archivar
el procedimiento; amenazó con cancelar el contrato colectivo de trabajo y despedir a toda la plantilla laboral, rechazó cualquier acuerdo y lo que se le ocurra. ¿Y la autoridad laboral? Del lado patronal.
ArcelorMittal es la mayor productora de acero a nivel mundial; su planta en Lázaro Cárdenas es la más grande en América Latina y tiene ingresos monumentales, pero niega el pago justo y legal a sus trabajadores. Y todavía reprocha que éstos vayan a huelga.
Como siempre, en esta historia aparece la larga mano de Carlos Salinas de Gortari: en noviembre de 1991 decidió, por no ser estratégica
para el país, privatizar la entonces paraestatal Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas y graciosamente la entregó al Grupo Villacero, propiedad de Julio Villarreal Guajardo, quien pagó
195.5 millones de dólares (obviamente los pasivos, que no eran pocos, los asumió el Estado) por un consorcio que en ese momento reportaba ingresos por más de 2 mil 500 millones de billetes verdes.
Como siempre, también, esa privatización resultó en aparatosa quiebra y en 2006 Grupo Villarreal vendió la empresa no estratégica
a la trasnacional ArcerolMittal por más de mil 400 millones de dólares, es decir, un monto 7.16 veces superior al que supuestamente pagó Julio Villarreal Guajardo por su privatización. Desde luego, antes de concretarse la reventa o reprivatización, si se prefiere, ese magnate acudió a su amigo Vicente Fox para reprimir violentamente (dos muertos y más de 100 heridos) la huelga legítima que en ese entonces estallaron los mineros, por violación del contrato colectivo y el intento del consorcio de cancelar el derecho de libre asociación sindical.
Algo similar ha sucedido con la tres huelgas mineras, estalladas de forma conjunta el 30 de julio de 2007 en empresas de Grupo México (de Germán Larrea) y que en unos días más cumplen 17 años sin solución: Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, todas privatizadas por el régimen neoliberal. ¿El motivo? Violación del contrato colectivo de trabajo, cancelación del derecho de libre asociación sindical y creación de sindicatos blancos. ¿Y la autoridad laboral? En defensa del tóxico barón.
Ante tal panorama, el dirigente del Sindicato nacional de mineros, Napoleón Gómez Urrutia, advierte que “se equivoca ArcelorMittal si cree que podrá acabar con el contrato colectivo de trabajo en la Siderúrgica de Lázaro Cárdenas y despedir a los trabajadores sin más. En materia jurídica no está dicha la última palabra, como pretende hacer creer la patronal, porque presentarán un recurso de revisión en un tribunal colegiado contra la negativa de un juez de distrito de concederles amparo ante la decisión de anular la huelga estallada en la acerera el pasado 24 de mayo. De ser necesario, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; vamos a dar la batalla en tribunales, ya que tenemos la razón, porque la empresa violó la ley y el contrato colectivo al negarse a hacer un reparto de utilidades justo a sus trabajadores, amén de que intenta imponer un sindicato charro” ( La Jornada, Andrea Becerril).
Las rebanadas del pastel
Algo huele a podrido en el atentado a Donald Trump: la herida no fue por bala, sino por vidrios del teleprónter. De cualquier suerte, le garantiza su boleto de reingreso a la Casa Blanca.
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