Ciudad de México. La ministra de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, defendió la inminente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) pues dijo que es necesario que ese poder del Estado sea sometido a controles democráticos, administrativos, jurisdiccionales y financieros; además, señaló que tras ser aprobada la enmienda constitucional, la siguiente fase debe ser una reforma a los ministerios públicos federales.
Al participar este domingo en un foro denominado 'Diálogos para la Reforma al Poder Judicial', organizado por Morena en el Teatro de la República en Querétaro, se dijo parte del movimiento que busca un Poder Judicial “sometido a controles democráticos que implica que puedan ser electos los jueces, las juezas, las magistradas, los ministros, y ministras” para que no sean tratados como funcionarios judiciales aislados de la sociedad sino como servidores públicos.
“Servidores públicos significa que estamos sometidos a las leyes, estamos sometidos a la observancia pública, significa que además debemos funcionar bajo un principio de servicio, y significa también que tenemos obligaciones como servidores públicos, estamos sujetos o deberíamos estar al escrutinio público”, dijo.
En el foro en el que también participó el senador de Morena, César Cravioto y otros, Batres Guadarrama dijo que se necesita someter al PJF al control administrativo que garantice una rendición de cuentas, transparencia y sanciones de ese tipo, “por lo menos, por el rezago de las resoluciones”; lo mismo, en un control jurisdiccional que implica que pueda haber sanciones a los jueces impuestas por otros jueces que no son parte del mismo poder judicial.
“Significa que pueda haber algunas figuras específicas para delitos propios que pueden cometer jueces”, como lo que entre los abogados llaman prevaricato, “que es como un delito muy particular que pueden cometer jueces y jueces que tienen que ver por torcer el derecho”.
Como ejemplo de como “tuercen la ley” en México, citó el que los ministros de la Corte resuelvan más del 90 por ciento de los asuntos en sesiones privadas o en las salas, y no en sesiones públicas como mandata la ley; también, que los mismos sigan ganando una remuneración mayor que la del presidente de la República, pese a la prohibición constitucional.
“Incumplen el artículo 127 de la Constitución, que ya están acatando el poder el Poder Ejecutivo, pero resulta que los cuidadores de la ley, la Constitución, deciden no acatar este límite constitucional. 14 años de incumplirlo absolutamente”, dijo.
Entre otros controles jurisdiccionales, explicó que debe contemplarse la reparación de daños cuando se encarcela una persona injustamente.
“Y cinco, 10, 15, 20 años después se le libera porque no tenía responsabilidad alguna; o cuando se tiene asuntos bajo conflicto de interés, que casi nunca se detecta, por cierto”, dijo.
Sobre el control financiero, además de las remuneraciones, dijo que aún no prevalecen las políticas de austeridad en el PJF para que se racionalice el gasto público.
“Y también, y muy importante, el ejercicio de auditorías, porque lo que dice es que la corte emitió una jurisprudencia que dice, en contra de lo que dice la ley, que la Auditoría Superior de la Federación, no tiene competencia para realizar auditorías a los órganos del Poder Judicial de la Federación”, dijo.
La ministra reconoció que con la reforma no se resuelve el problema en la justicia en el país, por lo que, “afortunadamente el Congreso ya lo está viendo”, la siguiente fase de la propia reforma judicial debe enfocarse en cambios profundos en los ministerios públicos.
“Es muy obvio porque hay unas fallas muy fuertes en nuestro sistema de justicia, pero fíjense, yo yo acoto ahí que tuvimos ocho años de reforma del sistema acusatorio en materia penal en nuestro país, se invirtieron más de 35 mil millones de pesos, y después de que terminamos es cuando dicen: “ay, se nos olvidó el ministerio público”.
“En realidad esa era la fase que debió haberse atendido previamente es previa al propio juicio penal, pero bueno, hay que abordarla y yo creo que sí es el mayor reto y es un reto fundamental de la justicia mexicana”, dijo.
