Cuando los políticos estadunidenses hablan de “alivio” migratorio, quieren decir que no se trata de una solución, es una componenda para reducir el rigor de las leyes migratorias que afectan a los migrantes, pero también a sus ciudadanos. Peor es nada. Insistir en una reforma migratoria integral es una tecla que no hay que dejar de tocar, pero los tiempos no están para ser optimistas.

También la califican como “una puerta de esperanza” para acceder a una regularización, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. El primero y el más importante, no haber tenido problemas considerados graves con la justicia y no más de tres problemas menores. En segundo lugar, tener más de 10 años de residencia en el país, lo que es el doble de lo que se exigía en otros programas.

La propuesta de Biden, “Parole in place”, propiamente una acción ejecutiva que no pasa por el Congreso, tiene un trasfondo político electoral y, muy posiblemente, responda a un compromiso con México.

Para Joe Biden, el asunto migratorio resulta crucial en estas elecciones y plantea un camino diferente a la propuestas xenófobas y antinmigrantes de Donald Trump. Con estas medidas pretende recuperar al voto latino, que tiene relación o vinculación directa, o indirecta, con migrantes indocumentados.

La primera propuesta se refiere a los migrantes indocumentados que están casados con un ciudadano y que no han podido regularizar su situación porque los obligan a hacer el trámite fuera del país. La estimación que se ha realizado sobre esta población implicaría a medio millón de personas. Obviamente éstas no pueden votar, pero sí sus familiares, por lo que podemos decir que la medida beneficiaría hipotéticamente a medio millón de cónyuges y de manera indirecta a otro millón, o más, de familiares, ya sean hijos u otro tipo de parientes.

La segunda propuesta tiene que ver con los llamados dreamers, migrantes que llegaron de niños y que se acogieron al programa DACA que implementó Obama y que pudieron estudiar una carrera y son profesionales. Ellos podrían acceder a la residencia si cumplen además los otros requisitos estipulados. Una medida restringida, pero también oportunista, de utilizar el capital humano ya formado, darle más posibilidades de integrarse y aprovecharlos.

Al respecto, Trump ya se subió al tren y ofrece dar residencia a todos los extranjeros que se hayan graduado en una universidad de su país. “Lo que quiero hacer, y lo que haré es que si te gradúas en una universidad, creo que deberías obtener automáticamente, como parte de tu diploma, una green card para poder permanecer en este país”. Piratería de profesionales en descampado, habrá que ver qué país otorga becas para estudiar en Estados Unidos.

No obstante, más allá de lo electoral, habrá que considerar lo bilateral. López Obrador ha dicho en público varias veces que es urgente regularizar a los migrantes indocumentados, también lo debe haber repetido en privado en conversaciones con Joe Biden.

En otros sexenios tocar este tema era vetado, en una reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en tiempos de Meade, la recomendación de asesores extranjeros fue la de no tocar el tema de una reforma migratoria, menos aún hacer lobby ante la extrañeza de los activistas mexicanos que venían de Estados Unidos. Se hablaba de tener una relación sin estridencias, no levantar la voz y menos tocar temas álgidos.

Es posible que la contraparte, a las varias concesiones hechas por México en el tema migratorio, se haya dado como esta muestra de “alivio” para algunos migrantes. Se trata de una acción ejecutiva, a la que tiene derecho el presidente, pero habrá que esperar a ver si Texas u otro estado conservador no la imputan.

La política estadunidense pasó hace rato de ser disuasiva a convertirse en una política de desgaste. Los dreamers han esperado más de una década en situación inestable, los matrimonios de estadunidenses con indocumentados ya no tenían esperanzas de arreglar su situación; los que tienen estatus temporal protegido llevan varias décadas esperando. Es la política del desarraigo, de no permitir echar raíces a un inmigrante que entró de manera irregular.

La legislación permite a los ciudadanos de Estados Unidos con padres extranjeros empezar el trámite para regularizarlos cuando cumplen 21 años. Medio millón de niños mexicanos binacionales, radicados en México, están en esa situación. Los derechos del niño o de las familias con miembros, que son ciudadanos, son extremadamente limitados.

Por lo pronto algunos tendrán alivio si consiguen los papeles y se agiliza el proceso.