El Examen Periódico Universal es un mecanismo de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, el cual practica cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hacia sus Estados miembros. Como parte de las obligaciones de éstos ante este ejercicio, los gobiernos deben presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en su territorio y las acciones que han emitido para atender estas problemáticas.
Después, este documento se somete a análisis y se brindan recomendaciones del resto de los países, con el fin de abonar a la colaboración internacional y a la protección de los derechos humanos. Este año se llevó a cabo el cuarto ciclo del examen para México, en el cual participaron 115 Estados, que emitieron 318 recomendaciones para el gobierno mexicano, de las cuales se aceptaron 304 y se tomó nota de 14.
Los temas que recibieron más de 20 recomendaciones fueron violencia contra las mujeres; personas defensoras y periodistas; personas desaparecidas, y movilidad humana. Además, se reconocieron como problemas emergentes y de gran preocupación internacional la prisión preventiva, la desaparición forzada, personas con discapacidad, niñeces y adolescencia y personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
En cuanto a los asuntos relacionados con las 14 recomendaciones en que se tomó nota fueron prisión preventiva y arraigo, personas en situación de desplazamiento forzado, inseguridad y crimen organizado, firma y ratificación de instrumentos internacionales y uso de la fuerza en cuanto a su ley nacional, espionaje y militarización, entre otros.
Estas recomendaciones se incrementaron en comparación con la evaluación pasada del Examen Periódico Universal, cuando México recibió 264, de las cuales se tomó nota en dos y se aceptaron 262 en temas de protección y defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente mujeres y niñeces; reducción de las desigualdades sociales; libertad de expresión; fortalecimiento del estado de derecho; combate a la tortura, y construcción de paz y seguridad.
Es importante señalar que algunas de las recomendaciones aceptadas en la cuarta evaluación fueron previamente propuestas por el Colectivo EPUMx a través de los informes temáticos elaborados como insumos para este ejercicio. Frente a este panorama, vale la pena resaltar que el hecho de que las recomendaciones se hayan incrementado y las problemáticas a atender en este ciclo no son una cuestión positiva, sino que responden, en gran medida, a la falta de capacidad del Estado mexicano para generar acciones que contribuyan a combatir la violencia generalizada, el incremento del crimen organizado y las desigualdades sociales.
Además, la aceptación de las recomendaciones por el gobierno mexicano es constatación de la crisis de derechos humanos que acontece y se recrudece cada vez más en el país.
Desde la comunidad internacional, preocupa que continúen existiendo rezagos en asuntos que han sido señalados como prioritarios por diversos organismos internacionales, como la violencia de género contra las mujeres, la reducción del espacio cívico, la criminalización hacia personas defensoras y periodistas, la vulneración a la libertad de expresión, así como el avance de la militarización en el país. También se enunció que la impunidad, la falta de presupuesto a instituciones competentes a estas situaciones, la ausencia de ratificación de instrumentos e implementación de marcos normativos, así como la falta de transparencia y rendición de cuentas condicionen los avances reportados por el Estado mexicano ante la ONU.
Desde el Colectivo EPUMx angustia que las recomendaciones donde se tomó nota constituyan aspectos de relevancia nacional y en el ámbito de derechos humanos, como militarización, acceso a la justicia, migración y desplazamiento forzado interno.
Por tanto, es necesario que los gobiernos locales, estatales y federal entrantes puedan lograr trascender de la aceptación de las recomendaciones a la atención de los problemas que continúan perpetuando situaciones de vulnerabilidad y de violación de derechos humanos. Aunado a esto, es indispensable que el Estado las atienda a cabalidad desde un enfoque integral, de derechos humanos y perspectiva de género y que no se convierta en un check-list cuantitativo, sino en rutas que permitan transformar las condiciones y la crisis humanitaria en el país.
Lo anterior debe fungir como parte de los ejes que formen la política pública nacional mediante el trabajo colaborativo, participativo y cercano a las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y víctimas. Es necesario que el Estado establezca mecanismos claros de seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones, fomentando la cooperación internacional y el involucramiento activo de la sociedad civil organizada.
