En una maniobra concatenada, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos y el juez quinto de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México declararon ilegal la huelga que sostienen desde mayo pasado los trabajadores del gigante acerero transnacional ArcelorMittal en el complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas, Michoacán. De esta manera, abrieron la puerta para que la parte empresarial pueda dar definitivamente por terminada, por razones de fuerza mayor, la relación laboral, tanto en lo colectivo como en lo individual, extinguiendo el contrato colectivo de trabajo sindical. La semana pasada, tras arduas negociaciones con mediación de la Secretaría del Trabajo, la dirigencia del Sindicato Minero y la patronal habían llegado a un acuerdo preliminar que fue, sin embargo, rechazado por las bases trabajadoras en una votación realizada el martes.

Al margen de los vericuetos legales esgrimidos por los jueces y por la empresa para semejante decisión, que de llevarse hasta sus últimas consecuencias afectaría a miles de trabajadores, cabe recordar cuáles son los bandos en pugna en el conflicto: por una parte, un sindicato aguerrido y combativo, como el minero, cuyos integrantes han experimentado tragedias como la de Pasta de Conchos, ofensivas empresariales y gubernamentales, como en Cananea, o la imputación en falso y la persecución judicial contra su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, y que sin embargo se mantiene como uno de los sindicatos mejor organizados y combativos del país; por la otra, una de las más grandes corporaciones mineras y acereras del mundo –cuya filial mexicana obtuvo el año pasado utilidades por 4 mil 900 millones de dólares–, con presencia en Europa, Asia, África y América, una plantilla de cientos de miles de empleados y, también, una responsabilidad por la devastación ambiental planetaria, no sólo por la explotación de yacimientos de hierro –entre los que figuran algunos en Sonora, Colima y el propio Michoacán–, sino también por los gases de efecto invernadero que generan sus procesos industriales.

Aunque a primera vista la malograda propuesta empresarial referida al inicio podría parecer favorable para los trabajadores, lo cierto es que éstos consideraron insatisfactorio lo ofrecido por la corporación: un pago de sólo 75 por ciento de los salarios caídos más un bono de 20 mil pesos y otro similar para despensa. Ciertamente, con un volumen de ganancias como las que ArcelorMittal obtiene en México, sobradamente habría podido pagar la totalidad de los salarios y mejorar las otras condiciones y evitar, de esa manera, la prolongación del conflicto laboral.

Resulta paradójico, por otra parte, que las autoridades jurisdiccionales hayan declarado ilegal una huelga por la que la patronal ofrecía sólo días antes el pago, así fuera parcial, de salarios caídos. La definición del juez en favor de ArcelorMittal refleja la parcialidad proempresarial del Tribunal, encaminando el fallo mencionado no hacia el fin del conflicto sino al inicio de una nueva fase en la lucha de los asalariados de la trasnacional.