Ciudad de México. Antes de concluir el plazo legal para presentar una impugnación contra la 24 asamblea nacional del PRI realizada el fin de semana pasado, los ex dirigentes Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, con el respaldo de Manlio Fabio Beltrones, presentaron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para pedir la anulación de los acuerdos de esa sesión, entre éstos la posibilidad de relección de los dirigentes del tricolor. Por separado, el ex legislador Fernando Lerdo de Tejada también interpuso un requerimiento similar.

El análisis de las autoridades electorales tendrá distintos plazos y niveles de resolución de ambos recursos, por lo que los cambios a los documentos básicos de este partido todavía no pueden considerarse vigentes o definitivos.

Después de la asamblea del PRI, comenzó un periodo de cuatro días para presentar las impugnaciones contra dichos acuerdos; no obstante, la dirigencia aún tiene un plazo de 10 días hábiles para informar al INE, cosa que hasta ayer por la tarde aún no había hecho, por lo que aún no comienza el proceso para la validación o rechazo de la reforma a sus estatutos.

Fue ayer cuando los opositores al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, interpusieron juicios para la protección de los derechos de la ciudadanía ante la sala superior del TEPJF.

Ambos asuntos tocaron al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien deberá rencauzarlos al Instituto Nacional Electoral (INE) para su análisis a cargo de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos y Prerrogativas y luego a la comisión correspondiente. Tanto los funcionarios como los consejeros deben determinar si la reforma en referencia cumple (en tiempo, forma y fondo) con lo que señalan la Constitución y la ley.

El proyecto derivado de estos trabajos será puesto a consideración del Consejo General del INE, por lo que su resolución podría ser impugnada de nueva cuenta en la sala superior del TEPJF por alguna de las partes.

Los ex dirigentes priístas informaron de manera conjunta que, como uno de sus principales argumentos jurídicos, expusieron a la autoridad electoral que con la asamblea nacional se violó la prohibición asentada en las leyes en la materia para que una fuerza política realice reformas estatutarias durante un proceso electoral en curso. Recalcaron que éste aún se encuentra en la etapa de resultados y de calificación tanto a escala federal como en los estados.

También señalaron que hay incompetencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, encabezado por Moreno Cárdenas, para emitir el reglamento de integración de la asamblea, y estimaron que el periodo de 30 días entre la convocatoria y la realización de dicha asamblea fue irracional e insuficiente para desahogar las 12 etapas que señalan las normas del tricolor.

Aseguraron que por la premura con que se organizó, se limitó y obstaculizó la participación de la militancia en los procesos de organización, así como en la deliberación y elección de delegados. También impidió el análisis y discusión reflexiva del dictamen final, agregaron.

En tanto, cuestionaron que los delegados participantes contaron con poco más de 16 horas, a lo largo de una noche, para analizar el dictamen final, de 300 páginas, que se puso a votación el domingo pasado.

Esta impugnación a la asamblea nacional es el primer paso que tomarán al respecto, añadieron los ex dirigentes, quienes adelantaron que habrá otros recursos con esta misma intención.

Aclararon que presentan el recurso en su calidad de priístas y ex presidentes del partido, pero también a nombre de miles de militantes que han manifestado su inconformidad por el atropello que está realizando la actual dirigencia del partido.