El designado es Lázaro Cárdenas Batel, quien fue coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dejó el cargo luego de que el tabasqueño criticó a Cuauhtémoc Cárdenas por asumirse como adversario
al participar el ingeniero en un grupo llamado México Colectivo (o Mexicolectivo), en el que se incluía a Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero, Josefina Vázquez Mota, Dante Delgado, el ex rector priísta José Narro, Patricia Mercado, Francisco Labastida, Salomón Chertorivski, Ivonne Ortega, Gibrán Ramírez y Diego Valadés.
AMLO dijo en referencia a dicho grupo: Esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse: es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio
. Horas después, Cuauhtémoc Cárdenas se desmarcó de tal grupo. Un mes y medio después, Lázaro Cárdenas Batel dejó el cargo en la administración obradorista. Ayer, Sheinbaum lo rehabilitó.
En otro tema: insuficiente atención se ha prestado a la constante emisión de resoluciones judiciales que liberan (así sea de manera condicional) a presuntos delincuentes relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural asentada en Ayotzinapa, Guerrero.
Con estas decisiones judiciales concentradas en el último tramo del sexenio en curso, están siendo enviados a casa varios militares acusados en diverso grado de participar en la tragedia de la Noche de Iguala, todo ello mediante el depósito de fianzas que llegan a 50 mil pesos, el compromiso de firmar cada 15 días un libro en un juzgado y otras medidas cautelares que parecieran desproporcionadas, a la baja, ante la dimensión de los delitos que se les imputan.
El más reciente de esos liberados ha sido ni más ni menos que el general brigadier en retiro José Rodríguez Pérez, acusado de estar relacionado con el cártel Guerreros Unidos y quien, según la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, presuntamente habría sido responsable de haber ordenado el asesinato de seis de los 43 estudiantes
, según nota del reportero Gustavo Castillo en La Jornada, en la que también señala que ya son 11 los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que han logrado que se les cambien las medidas cautelares y con ello no continuar en prisión (https://goo.su/lfluqEC).
No está de más contrastar la constante cancelación de la prisión preventiva en estos casos de militares acusados de corresponsabilidad en el crimen histórico de Iguala y la asignación de tenues condiciones cautelares, con la persistente cárcel que sin benevolencia alguna sufren muchos miles de mexicanos a causa de esa figura de la prisión preventiva, justificada u oficiosa.
Estas salidas de fin de sexenio tienen un correlato en el discurso oficial que ha buscado estigmatizar a activistas, abogados y defensores de derechos humanos que han sido solidarios con la causa de los familiares de los 43.
Luego del desmantelamiento de las estructuras montadas por el propio presidente López Obrador en busca de garantizar verdad y justicia en este caso y otros, se pretende simular que hay reportes de avances, también de fin de sexenio, bajo el aval de un personaje (supuesto padre de familia, rechazado expresamente por el grueso de los familiares) de manera mezquina habilitado por el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, para que funja como validador de posturas gubernamentales que tratan de eludir el hecho incontestable de que toda indagación seria se topó con la muralla militar y que no se ha avanzado, hasta ahora, en la medida esperanzada que se tuvo a partir de 2018. ¡Hasta el próximo lunes!
Facebook: Julio Astillero
