Los ex dirigentes del PRI, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación contra la XXIV Asamblea Nacional del partido en la que se avaló la posibilidad de reelección de sus dirigencias. El documento cuenta con “el respaldo de Manlio Fabio Beltrones”, se indica en un comunicado conjunto.

Al considerar que hubo “múltiples irregularidades” en la convocatoria para la Asamblea Nacional, máximo órgano directivo del partido, los ex líderes del tricolor pidieron la “invalidez” de sus acuerdos, incluidas las distintas reformas a los estatutos del partido que fueron avaladas.

Entre los principales argumentos legales que presentan para pedir se invalide la sesión del domingo pasado, expusieron que se viola la prohibición de realizar reformas estatutarias durante un proceso electoral en curso, ya que tras los pasados comicios, aún se encuentra en la etapa de resultados y de calificación de las elecciones federales y de las Entidades Federativas.

En el comunicado conjunto emitido por los priístas, recalcaron que “esta impugnación a la Asamblea Nacional es el primer paso que tomarán al respecto”, y adelantaron que habrá otras impugnaciones con esta misma intención.

Presentan el recurso “en su calidad de priistas y ex presidentes del partido, pero también lo hacen a nombre de miles de militantes que han manifestado su inconformidad por el atropello que está realizando la actual dirigencia del partido al mando de Alejandro Moreno”, se indica.

Los priístas también argumentaron que hay una “incompetencia” del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, encabezado por Moreno Cárdenas, para emitir el reglamento de integración de la Asamblea Nacional. Explicaron que, conforme al artículo 83, fracción X del Estatuto partidario, corresponde al Consejo Político Nacional emitir dicho reglamento para definir el número de integrantes a la Asamblea Nacional y la forma como se elegirán.

No obstante, el procedimiento “se realizó de forma totalmente indebida, al publicar la convocatoria se auto adjudicó la facultad de emitir el reglamento para la conformación de la Asamblea Nacional, lo cual constituyó una violación flagrante al procedimiento”.

Consideraron que el plazo de 30 días entre la convocatoria y la realización de la Asamblea, “fue irracional e insuficiente” para desahogar las doce etapas que establecen las normas del tricolor. Con la velocidad con que se realizó, se “limitó y obstaculizó” la participación de la militancia en los procesos de organización, así como la deliberación y elección de delegados. También, impidió el análisis y discusión reflexiva del dictamen final.

Los delegados contaron con poco más de 16 horas, a lo largo de una noche, para analizar el dictamen en un documento de 300 páginas.

Dichas irregularidades tienen un “potencial invalidante de los acuerdos adoptados en la Asamblea Nacional”, concluyeron los ex dirigentes partidarios.