Madrid. El gobierno del ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy protagonizó uno de los episodios más turbios y graves de la historia reciente: a través de un grupo de agentes de policía, a los que denominaron la “policía patriótica”, se desarrolló un plan de espionaje masivo contra los miembros de Podemos entre el 2015 y el 2016, que afectó a 55 ex diputados. Rajoy, del derechista Partido Popular (PP) y uno de los firmantes de la declaración de la fundación ultraliberal IDEA contra la reforma judicial en México, está siendo ahora investigado por la Audiencia Nacional de España.
La forma de actuar de la policía española, al menos en este caso, rememoran a lo más tenebroso de su historia reciente, con comandos adiestrados para el silenciamiento o la coacción de opositores políticos y utilizando además todas las estructuras y medios del Estado para este fin. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ya tiene abierta una investigación concreta por presunto “espionaje ilegal” contra 55 diputados de Podemos en aquellos años, cuando gobernaba el PP de Rajoy e irrumpió en el escenario político la formación morada, liderada por un grupo de profesores universitarios que siguieron la estela del movimiento de los indignados del 15 de mayo del 2011, que nació del hartazgo popular ante la crisis económica y la falta de credibilidad en las instituciones y el gobierno, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Las pruebas y documentados recabados hasta ahora confirmarían las sospechas que se tienen desde hace tiempo, es decir, que el gobierno de Rajoy, a través del ministerio del Interior y del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, diseñó un plan de espionaje contra los diputados de Podemos con el único fin de recabar información que precipitara su destrucción. La formación morada, liderada por Pablo Iglesias junto a un pequeño núcleo de compañeros, entre ellos Íñigo Errejón, Carolina Bascansa y Luis Alegre, entre otros, se ha ido desintegrando en los últimos años por las batallas internas y la lucha de poder por los cargos en la estructura del partido y las listas de cargos públicos.
Sin embargo, el espionaje y la guerra sucia desarrollada de forma presuntamente ilegal por el gobierno de Rajoy enturbió la imagen del partido ante la opinión pública, al publicar noticias falsas procedentes de filtraciones interesas o falsas. La documentación que obra en manos del juez señala que el seguimiento se hizo mediante consultas que se podían hacer a los servicios centrales de la Policía, a los policías destinados dentro del Congreso o, incluso, a policías municipales. Ahora se trata de descubrir quién dio las órdenes, aunque ya imputó por asuntos relacionados a esta trama al que era entonces el número dos del ministerio del Interior, Francisco Martínez, a quien se oye en unas conversaciones interceptadas dando instrucciones a un policía para que averiguara datos comprometedores de los diputados de Podemos. La investigación está abierta y se prevén avances en los próximos meses.
