Madrid. Los servicios sociales de las Islas Canarias están colapsados, en una emergencia sin precedentes por el hacinamiento en el que viven más de cinco mil 700 menores de edad migrantes, que una vez que llegaron a suelo español es el Estado el que se tendría que responsabilizar de su situación. Una crisis agravada por la batalla política, tanto entre el gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, con las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el derechista Partido Popular (PP), como entre el PP y la extrema derecha de Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, anunció la ruptura de sus acuerdos de gobierno en Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla y León a raíz de la crisis de los llamanos Menores de Edad No Acompañados (MENAS).
Fernando Clavijo, presidente autonómico de las Islas Canarias y del partido regionalista Coalición Canaria (CC), describió la situación al borde de la desesperación, al reconocer el “colapso” de los servicios sanitarios y asistenciales, el también “colapso” de la admistración para agilizar los trámites legales para el traslado de los menores a otras regiones y “el hacinamiento” en el que viven actualmente los menores de edad, hasta el punto de reconocer que “actualmente España está violando todos los convenios internacionales de protección a la infancia”.
La última crisis similar, que se registró en el 2021 en las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, el gobierno español la resolvió a través de la llamada “devolución en caliente” a territorio marroquí de más de tres mil menores de edad, que fueron trasladados en autobus hasta la frontera y entregados en el país vecino. Este hecho provocó una condena pública de la ONU y la reprobación en el Congreso de los Diputados del todavía ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, que continúa en el cargo.
Los datos explican el nivel del colapso que se vive en las Islas Canarias, que se ha convertido en los últimos años en uno de los puntos preferidos de llegada a suelo europeo de los cayucos o pateras que parten desde África, de países como Senegal, Mali o Mauritania. Desde enero de 2023, se calcula que casi 56 mi personas, entre ellos cinco mil 500 menores de edad, lograron pisar suelo canario. Lo que supuso que la mayoría de los menores de edad, sobre todo los que viajaban solos o los que perdieron a sus padres durante la travesía, una tragedia muy habitual, siguen en las Islas Canarias al asumir su tutela la comunidad autónoma. El problema es que los 71 centros con los que cuenta la comunidad se encuentran completamente desbordados desde hace meses, ya que Canarias acoge al 41,6 por ciento del total de estos menores migrantes que hay en España, que rondan los 13 mil 200.
El propio Clavijo relató que es tal el nivel de “colapso” de lo servicios sociales y de las instalaciones que tienen que han tenido de habilitar un espacio pensado para albergas palomas para darles un techo, una cama y comida a estos menores de edad y que tiene visos de empeorar en los próximos meses, sobre todo a partir de agosto, que se espera otra oleada de llegada masiva de pateras que podría traer al continente otros cinco mil menores de edad.Según la estadística del ministerio del Interior, en lo que va de año 15 mil 982 personas han entrado vía marítima a las costas canarias, esto es, un 369,5 por ciento más respectó al mismo periodo del año anterior.
Ante esta situación, el gobierno central coordinó un encuentro con el resto de comunidades autónomas para que asumieron la tutela de algunos de estos menores de edad, pero el acuerdo al que se llegó fue de mínimos, con el pírrico compromiso de sólo hacerse cargo de 347 menores, de los cuales Andalucía acogería a 30, Aragón a 20, Asturias a 24, Baleares a 10, Cantabria a 29, Castilla y León a 21, Castilla-La Mancha a 20, Cataluña a 31, la Comunidad Valenciana a 23, Extremadura a 30, Galicia a 26, Madrid a 30, Murcia a 16, Navarra a 15, País Vasco a 18 y La Rioja a 4. De este plan inicial, la única comunidad autónoma que decidió no participar fue Cataluña.
Esta reunión fue el detonante para que Santiago Abascal, líder de Vox, convocara a la dirección de su partida para anunciar la ruptura de los acuerdos con el PP en las cincos comunidades autónomas en las que gobernaban en coalición. Abascal tildó la postura del PP como una “agresión” y que, por tanto, todos sus cargos públicos en estas regiones pasarán a la oposición. A partir de ahora, el PP gobernará en Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Castilla y León en minoría, con lo que dependerán de las fuerzas de oposición, sobre todo el PSOE y Vox, para sacar adelantes sus iniciativas.
Entre tanto, los menores de edad migrantes continúan hacinados y en condiciones adversas, a la espera de que se activen todos los mecanismos de protección del Estado para su tutela y orientación hasta que al menos cumplan la mayoría de edad.
