Cancún, QR. Ambientalistas denunciaron que un grupo empresarial construye un desarrollo condominal muy cerca de la zona de anidación de tortugas, en Xcacel Xcacelito, en Tulum, con lo cual violan todos los preceptos legales; además, la construcción de departamentos se realiza sin los permisos correspondientes ante los tres niveles de gobierno.

También sobrepasan la densidad permitida y no ha atendido el mandato de un juez de distrito, que ordenó detener la edificación.

La integrante de la agrupación Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Antonella Vázquez, advirtió que los desarrolladores mienten de inicio, pues informan que el desarrollo condominal es de siete niveles y 24 departamentos, a fin de obtener el permiso del ayuntamiento de Tulum.

Pero al obtener la licencia estipulan que será para un edificio de cinco niveles y 16 departamentos, ambos en una superficie de 730 metros.

La ambientalista denunció en rueda de prensa que desde noviembre de 2023 detectaron la edificación y comercialización de un edificio de siete pisos y 24 departamentos. En diciembre de ese año, la organización pidió informes a las autoridades sobre el desarrollo.

No obstante, en el municipio les dijeron que no había entregado ninguna licencia de construcción en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable (Sedetus), la cual depende del gobierno federal también les respondieron que no habían emitido ninguna constancia estatal.

Y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sostuvo que tampoco autorizó ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

A principios de 2024 la construcción inició con varias demandas para detener el proyecto; sin embargo, no paró y las autoridades no hicieron caso.

En febrero los activistas interpusieron un juicio de amparo, pero hasta marzo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la construcción.

Los desarrolladores exhibieron una licencia de obra digital concedida ilegalmente por el ayuntamiento, pues antes de obtenerlo debieron presentar la MIA, gracias a ello clausuró los trabajos.

Antonella Vázquez acusó al gobierno municipal y a la Profepa de permitir que la obra continuara hasta el cuarto nivel, en que se encuentra actualmente, sin hacer caso del ordenamiento del juez.

Toda vez que los inspectores supervisaron después de las 16 horas cuando ya no había empleados que los atendieran, eso les dio tiempo para avanzar y de intentar sacar la MIA.

Añadió que finalmente los desarrolladores aceptaron que construyeron sin la MIA y dijeron estar dispuestos a pagar la multa que se les impusiera, que de inicio se les fijó una por 400 mil pesos.

La denunciante sostuvo que las violaciones a la ley son graves, pues construyeron sin respetar lo que les permitió un permiso, que de por sí era ilegal, sin dejar áreas verdes, sin respetar que están prácticamente sobre una zona de anidación de tortugas, y con el aval de autoridades de los tres niveles, que fueron omisos para revisar, detener y sancionar la construcción ilegal.