Productores de trigo de Sonora han ido a la quiebra debido a los bajos precios que se registran en el mercado internacional, que hasta se encuentran por debajo de lo reportado el año pasado, por lo que reciben un ingreso insuficiente para su subsistencia, señalaron agricultores del sector social y medianos de la entidad. En promedio vendieron en alrededor de 285 dólares (unos 5 mil pesos) por tonelada, cuando en otros años llegaron hasta los 400 dólares.
La producción en 2023 de trigo en esa entidad se redujo en 23 mil 877 toneladas en comparación con 2022, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), al pasar de dos millones 18 mil 450 toneladas en 2022 a un millón 994 mil 573 toneladas el año pasado. Para este año la situación podría agudizarse ya que se prevén entre un millón 200 mil y un millón 500 mil toneladas. Los productores requieren un precio de garantía de siete mil 50 pesos por tonelada para los trigos cristalino y harinero y un precio de seis mil 915 pesos por tonelada de maíz blanco, señalaron en un pronunciamiento, entre otras, las uniones de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora y de Crédito Agropecuario e Industrial Colonos de Irrigación, así como las asociaciones de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, de Agricultores del Valle del Yaqui.
Una vez pasado el proceso de venta y liquidación de la cosecha de trigo cristalino, hay un quebranto para los productores que no están obteniendo un ingreso para subsistir, porque no hay la rentabilidad, señalaron, y dieron a conocer que pidieron la intervención del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, para que accione las políticas adecuadas al problema de contingencia de mercado que se viven.
Los productores de Sonora destacaron que desde el 4 de abril pasado informaron a la Sader que se estaban presentando en el mercado internacional de la Bolsa de Valores de Chicago bajos precios en los granos. “En niveles más bajos y perjudiciales que los del año pasado”.
Dijeron que se deben establecer políticas adecuadas al problema de contingencia de mercado como lo establece el Artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, ya que plantea que “el Gobierno Federal procurará apoyos, que tendrán como propósito compensar al productor y demás agentes de la sociedad rural por desastres naturales en regiones determinadas y eventuales contingencias de mercado”.
