Ciudad de México. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lamentó que la mayoría de los trabajadores de la sección 271 del Sindicato Nacional Minero haya rechazado el acuerdo propuesto por la empresa ArcelorMittal, ya que, a su juicio, era “favorable” y ahora el conflicto tendrá que resolverse en los tribunales laborales.
Ayer, los trabajadores agremiados al sindicato que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, rechazaron el ofrecimiento de la siderúrgica en una votación en la que se registraron 2 mil 435 sufragios en contra, 337 a favor y seis votos nulos, lo que representa un total 2 mil 778 sufragios de una plantilla de 3 mil 500 trabajadores.
De esta manera decidieron mantener las banderas rojinegras en las entradas principales de la acerera, ubicada en el puerto Lázaro Cárdenas.
“Derivado de este resultado, el conflicto seguirá su curso en los tribunales laborales”, señaló la dependencia, quien afirmó que, junto con el Centro Federal Laboral, continuará impulsando el diálogo entre las partes.
Este miércoles, la STPS señaló que en coordinación con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Gobierno de Michoacán y la Secretaría de Gobernación impulsaron un “acuerdo favorable para los trabajadores”, con el que se pretendía poner fin al conflicto que inició el pasado 24 de mayo –ante la inconformidad de los trabajadores quienes consideran que el reparto de utilidades que obtuvieron fue injusto y debido a violaciones contractuales– y “preservar los más de 8 mil empleos de la región”.
Según la dependencia, el acuerdo contemplaba que, una vez reactivadas las actividades, la empresa entregaría a cada trabajador 20 mil pesos en efectivo y una misma cantidad en vales de despensa.
También se comprometía a pagar el 75 por ciento de los salarios caídos, además de que se realizaría una auditoría por un despacho contable propuesto por la STPS de los ejercicios fiscales 2022 y 2023 con la finalidad de determinar si el cálculo del PTU realizado por la empresa fue el correcto.
Asimismo, el SAT emitiría el dictamen de la revisión de las utilidades entregadas en el año 2021 con la finalidad de identificar si se realizó de manera correcta. Y en caso en el que las auditorías y el dictamen del SAT señalaran que el monto a repartir fue más del que fue entregado, se pagaría la diferencia a los trabajadores.
ArcelorMittal también se comprometía a no ejercer presiones ni represalias a raíz del conflicto laboral.
Sin embargo, cabe mencionar que mientras los mineros exigen que se subsanen diversas violaciones contractuales y el reparto justo de utilidades, la empresa de capital indio insiste en que la huelga es ilegal, amenaza con un posible despido masivo y además aprovecha el conflicto para intentar dar por terminado el contrato colectivo de trabajo.
