A continuación, pasajes de la ponencia disertada en el seminario internacional Un nuevo holocausto en el siglo XXI: el sionismo amenaza al mundo, organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y la Universidad Bolivariana de Venezuela (Caracas, 13 y 14 de junio de 2024).

Uno. La voz “pueblo” remite a colectivos sociales que comparten hábitos, memoria, vivencias y territorios en los que cohabitan lenguas y credos que pueden invocar a Dios (o no).

Dos. V. gr. Los pueblos de México se rigen por una Constitución que desde el primer artículo prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, la religión, las opiniones, etcétera. Y el segundo de la Carta Magna argentina dice que “el gobierno federal sostiene el culto apostólico romano”. Por su lado, el preámbulo de la bolivariana apunta: “El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios”… etcétera.

Tres. Ahora bien. Si tales Constituciones fijasen sus principios y objetivos priorizando el credo mayoritario de sus colectivos nacionales (el “pueblo católico” de México, Argentina, Venezuela, etcétera), procederían como la entidad ilegal llamada Israel, que en lugar de una Constitución se rige por “leyes fundamentales” que invocan “la-patria-histórica-delpueblo-judío”. Un galimatías que, por si faltaba más, se remata como “nación del pueblo judío”.

Cuatro. En 1970, el presidente del Tribunal Supremo de Israel, Shimon Agranat, manifestó: “No hay nación israelí separada del pueblo judío […]. El pueblo judío está compuesto no sólo por aquellos que viven en Israel, sino también por los judíos de la diáspora”.

Cinco. Sin embargo, creer que hay un “pueblo judío” (o cristiano, musulmán, católico, evangélico, budista, etcétera), es un oxímoron que nos transporta a épocas en las que razonar frente a lo sacro era motivo de reprimenda, excomunión, satanización o muerte.

Seis. En la resolución 181 de la ONU (partición de Palestina, 1947), y en la declaración (unilateral) de independencia (1948), la entidad sionista se comprometió a establecer una Constitución democrática. Sin embargo, hubo objeciones y el propio David Ben Gurión (1886-1973) pospuso los trabajos constitucionales temiendo que el debate causaría división, en momentos que los judíos debían estar unidos contra distintas fuerzas.

Siete. Debates que, en el fondo, giraban en torno a lo religioso y secular. Los partidos laicos decían que podían ser como Gran Bretaña, que carece de constitución. Y con el argumento de que la máxima ley nunca debe ser terrenal, los religiosos sostenían que los judíos ya contaban con una constitución: la Torá o Pentateuco (ley núcleo del judaísmo, según los cinco primeros libros del Antiguo Testamento). O sea, una suerte de notaría celestial, en la que el escribano mayor se llama Dios.

Ocho. De ahí, el bizarro sistema de nacionalidad israelí: “ley de retorno” para los judíos que viven en el extranjero (con una participación mayor que a sus propios ciudadanos árabes palestinos), y “ley de ciudadanía” que a los musulmanes castiga con intrincadas exigencias burocráticas. En tanto, los inmigrantes cuya condición de judíos sea cuestionada por el rabinato de Israel, deben registrarse según su país de origen. Pero quien tenga vocación de mercenario, será recibido con brazos abiertos por “el-ejército-más-moral-delmundo” (Nentanyahu, dixit).

Nueve. A inicios de 2007, la Kneset aprobó una ley de ciudadanía para los israelíes “no patrióticos”. Y un año después, el diputado ultraderechista Zevulum Orlev redactó un proyecto que proponía castigar con un año de prisión a quien pida el fin de Israel como Estado judío. El proyecto no fue aprobado, pero su autor manifestó: “Muchos intelectuales que en el ámbito académico hablan de un país para todos sus ciudadanos, deben acabar entre rejas, así como líderes árabes (palestinos) y judíos que buscan la auténtica democracia en Israel”.

Diez. En julio de 2018, la Kneset aprobó la decimotercera “ley fundamental”, definiendo a la entidad neocolonial como “Estado nación del pueblo judío”, al tiempo de negar el derecho a la autodeterminación nacional de otros grupos etnoculturales. Con ello, el Centro Legal a favor de los Derechos de las Minorías Arabes (Adalah), declaró: “Esta ley es considerada una las leyes más racistas del mundo, por lo que debería eliminarse de inmediato”.

Once. ¿Qué pasaría si la entidad neocolonial contase con una constitución democrática y elecciones libres en las que puedan votar los 5 millones de palestinos refugiados en países vecinos? ¡Horror! La “tierra prometida” dejaría de ser meramente judía y todos contarían con deberes y derechos para vivir en armonía y paz. Pésimo negocio.

Doce. La banda de asesinos liderada por Benjamin Netanyahu cuenta con el apoyo de las potencias occidentales, y un florido ramillete de intelectuales expertos en “grados de genocidio” (¡híjole!…). Así, a ojos de todo mundo, “la-única-democracia-de-Medio-Oriente” puede seguir exterminando, metódicamente, a bebés, niños y jóvenes palestinos (el futuro), siguiendo por las mujeres (su dicha), y acabando con los ancianos (su memoria).