Santa María Ostula (el lugar de las cuevas) es un paraíso al que el crimen organizado quiere convertir en infierno.

La comunidad nahua en Michoacán, celosa defensora de sus tierras y recursos naturales, promotora desde junio de 2009 del Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa indígena (https://shorturl.at/vgE8z), está siendo salvajemente atacada por narcotraficantes.

Envalentonado por el triunfo electoral de los candidatos que apoyaron en los pasados comicios, el cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) siente que tiene luz verde para atacar a los comuneros. En la tarde del 3 de julio, en la encargatura de La Cofradía, los maleantes comenzaron a disparar puro calibre 50 desde los tres cerros que rodean el poblado y a atacar con drones. Sobrados de armamento y municiones, el tiroteo siguió ininterrumpidamente toda la noche. La agresión se extendió a otras dos comunidades.

De inmediato, los pobladores avisaron lo que sucedía a las autoridades federales y estatales. Cerca de allí, en Coalcamán, está la sede del 65 Batallón de Infantería de Sedena. Los militares saben de qué va el asunto. El 21 de enero de 2021, en una emboscada en Maguey Verde durante un operativo de reconocimiento, el CJNG asesinó al coronel Héctor Miguel Vargas, a cargo del destacamento. Los criminales arrollaron al mando con un monstruo. Un escolta y un habitante resultaron heridos.

Sin embargo, nadie llegó la noche del 3 de julio en apoyo de los indígenas. El gobierno del estado nunca reportó como alerta ni situación grave las agresiones.

Su narrativa fue que no sucedía nada. Como pudo, la guardia comunal defendió a su gente e impidió que tomaran la encargatura. Fue hasta la tarde del día siguiente cuando arribaron, bajo las órdenes del coronel Dámaso Ortiz (mando que ha enfrentado al CJNG), tropas del 65 Batallón de Infantería y elementos de la Guardia Nacional.

El fotógrafo Heriberto Paredes, que ha acompañado y documentado desde hace muchos años la lucha de Ostula, presente en el poblado, narró en su cuenta de X la zozobra e incertidumbre vividas ese día.

“Son casi las 3 am, los dronazos y la refriega empezó sobre las 5 pm aquí. Había embarazadas, niños jugando en el techumbre, las tiendas abiertas, los preparativos para una fiesta de fin de cursos. El CJNG atacó. En pocos minutos toda la gente en sus casas, el miedo en las caras, la emergencia sonando en los radios. Empezamos a cuidarnos por el aviso de que había un dron volando y que posiblemente caería en el techumbre (y así fue).

“Tras el estallido sonaron los disparos contra la población, desde los tres cerros que nos flanqueaban, así que tocó quedarse en el piso por horas. Siguieron más drones y más disparos, muchos disparos y los refuerzos de la guardia comunal defendiendo sin temor.

“Seguimos en La Cofradía, ya reunidos con las autoridades civiles y agrarias, en un momento de distensión. Aunque a las 6 am un dron estuvo sobrevolando para reconocimiento. No hemos podido salir de aquí porque todavía están tirando los del CJNG desde un flanco.

“Fuera ya de la zona de alto riesgo, ahora la comunidad está concentrándose en algunos puntos para vigilar el actuar de las autoridades que se presenten. Hay una tensa calma generalizada.”

Las agresiones criminales contra Ostula (La familia michoacana, Los caballeros templarios, Viagras, CJNG) no son nuevas, se remontan a la década de 1970. Tienen que ver con el intento por despojar de sus recursos naturales a los campesinos y controlar el territorio de poco más de 25 mil hectáreas, con sus playas, la carretera costera, minerales como hierro, plata y oro, maderas preciosas y el paso a las regiones más escarpadas de Tierra Caliente. Sólo entre 2009 y 2018 fueron asesinados 34 comuneros y desaparecidos seis; a la fecha no hay detenidos.

Las mineras tienen concesionadas en ese territorio 40 mil hectáreas. Como se ha documentado en el país, existe un matrimonio de conveniencia entre mineras y crimen organizado, en el que los cárteles se encargan de la seguridad de los negocios. Ostula no es la excepción.

Apenas a finales de enero y comienzos de febrero de este año, los comuneros sufrieron los ataques del cártel de las cuatro letras. La jefatura de tenencia fue agredida por un grupo de 50 hombres con rifles de alto poder y drones, que destruyeron la edificación. Gracias a la guardia comunal sólo hubo una persona lesionada.

El asesinato en Colima, por pistoleros a bordo de una motocicleta, de Martha Verdía, hija de Cemeí Verdía, exacerbó el acoso contra Ostula. Cemeí es un ex dirigente comunitario, antes querido y prestigiado, que traicionó a los comuneros y trabaja para el CJNG –según múltiples denuncias–, y está involucrado en la guerra de cárteles que asola la región. Fue expulsado de la comunidad en 2018, por nexos con el crimen organizado.

En 2020, los comuneros denunciaron que “Verdía Zepeda es el enlace principal que opera desde Colima para orquestar ataques con grupos armados pertenecientes al CJNG con el fin de entregarles los municipios de Coalcomán, Chinicuila, Coahuayana y Aquila, formando grupos apoyados por el CJNG para asesinar, levantar, matar, torturar, secuestrar y extorsionar; causando miedo y zozobra a la población”.

Aunque se pretenda menospreciar, lo que sucede en el municipio de Aquila es muy serio. La omisión del Estado, que abandona sus responsabilidades y deja sola a la comunidad ante una grave crisis de seguridad, es más que preocupante. Es obligación del Estado combatir al narcotráfico y garantizar seguridad a la población. Ostula exige respeto a su organización comunal, a la libre determinación, a la seguridad comunitaria y a una vida libre de violencia. Le asiste el derecho.

Twitter: @lhan55