Quito. Aunque las matanzas carcelarias -que costaron la vida de más de medio millar de personas- se han reducido, la impunidad sobre estos crímenes, considerados por algunos expertos como de Estado, sigue y los responsables sin procesos judiciales ni con las sanciones correspondientes. Por ello, desde esta semana, Ecuador es objeto de análisis y atención en el marco del 80º periodo de sesiones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), en Ginebra, Suiza.
“Desde el 2018 hasta el 2023 han sido asesinadas más de 680 personas privadas de libertad; se ha usado el Estado de Excepción como un mecanismo para enfrentar la crisis de inseguridad, promoviendo las situaciones excepcionales y la restricción de derechos; se ha identificado que la inviolabilidad de domicilio en barrios populares como una medida frecuente que promueve la violación de derechos; y, el gobierno de Daniel Noboa, a través de las Fuerzas Armadas, desde enero de 2024 han instaurado un régimen de tortura como un régimen disciplinario y de rehabilitación social en los centros de privación de libertad”, son las principales conclusiones de un informe de organizaciones de defensa de los derechos humanos presentado ayer en Suiza.
Entre las personas afectadas está el ex vicepresidente Jorge Glas, a quien el lunes pasado le negaron un hábeas corpus, tras denunciar las condiciones degradantes y de hostigamiento sicológico en la cárcel de mayor seguridad, denominada La Roca, en la ciudad de Guayaquil, luego de su secuestro en la embajada de México el 5 de abril último.
Y es que Ecuador es uno de los países con las tasas de homicidio más altas en América Latina; y con “una falta de capacidad institucional del Estado (que) ha provocado un aumento en las violaciones de derechos humanos de su población”, destaca ese reporte.
En dicho documento se dice, además, que desde el 9 de enero de 2024 este país andino viuve en un estado de excepción por la causal de conflicto armado interno, el cual fue renovado el 7 de marzo de 2024, vigente hasta la fecha. En este contexto, los derechos a la libertad personal, de asociación, reunión y de tránsito están restringidos, además de otorgar facultades a las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en las cárceles.
“Las masacres ocurrieron con permisibilidad del Estado y su omisión por garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de su libertad”, se indica en las conclusiones y además denuncian “las consecuencias del estado de excepción declarado en enero de 2024, así como, los desafíos en el aparato institucional para la prevención y sanción de la tortura”.
Tras varias visitas de las organizaciones de derechos humanos, en lo que va de este año “se constató nuevamente la situación de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales fueron sometidas las familias de las personas privadas de libertad debido a: falta de información, falta de espacios de contención emocional, además la respuesta represiva de la fuerza policial”.
Frente a todo ello, “ninguna investigación ha generado resultados sobre responsabilidades de omisión de funcionarios públicos, tampoco se han implementado medidas de reparación integral a sus familiares y no se ha logrado depurar el Servicio Nacional de Atención a los Personas Privadas de Libertad (SNAI) quien aún mantiene a funcionarios públicos con vínculos con el crimen organizado”, concluye el documento que luego tendrá una respuesta del comité de las Naciones Unidas.
