El 24 de abril de 2006 informé en este espacio que Antonio Ferrari, subsecretario de Promoción y Desarrollo Empresarial del estado de Veracruz, había ofrecido todo el apoyo gubernamental a Granjas Carroll de México, empresa dedicada a la cría masiva de porcinos, para que no cerrara sus instalaciones. Dicha empresa inició sus labores en 1994 en el municipio de Perote y en 2006 decidió ampliarlas en otras localidades.

Bien que el gobierno apoye a una empresa para que labore dentro de la ley, genere empleo y obtenga utilidades. Pero Granjas Carroll se distinguía por los daños que causaba al ambiente, los recursos naturales y la salud de quienes habitan una amplia región de Veracruz. Ese negocio era entonces uno de los tres más importantes en el ramo porcícola del país. Obtenía cada año 800 mil unidades por medio de un pie de cría de 40 mil vientres. Su producción abastecía especialmente al mercado del área metropolitana de la Ciudad de México.

El negocio era tan bueno que esperaba producir un millón de cabezas al terminar la construcción de nuevas instalaciones en el valle de Perote, tarea a cargo de un consorcio estadunidense. También es del vecino país el principal accionista de Carroll, la compañía Smithfield, número uno en la producción de cerdos del continente americano.

Carroll decidió asentarse en la región de Perote por tener un clima favorable para la porcicultura, estar cerca de los principales mercados del país, disponer de mano de obra barata, muy poca competencia en dicha actividad y cercanía con el puerto de Veracruz, lo que le facilita traer del exterior ciertos insumos utilizados en los procesos de cría y alimentación de los cerdos.

La empresa contaba en 2006 con su propia planta de alimentos capaz de producir 26 mil toneladas al año. Pero lo que le pagaba a las 500 personas que trabajaban como administrativos y obreros era muy bajo comparado con la media nacional y muchísimo más con la de Estados Unidos. En buena parte por el alto grado de automatización del proceso de alimentación de los miles de cerdos que producía.

Desde 1994 las instalaciones de dicha empresa ocasionan un grave problema ambiental y de salud, además de consumir enormes cantidades de agua y de compuestos para “animar” el crecimiento rápido de los cerdos, por ejemplo. A ello se agrega el uso extensivo de antibióticos para evitarles enfermedades y mantenerlos sanos. Como fruto de todo lo anterior, los desechos producidos en los criaderos, el agua negra resultante del aseo de las zahúrdas y la mezcla de excrementos, orina, residuos químicos y biológicos forman una mezcla de gran peligrosidad que deteriora la tierra y las corrientes de agua. De todo esto tenía pruebas el gobierno de Estados Unidos. Por contaminar con sus desechos en varias ocasiones había sancionado a la poderosa Smithfield, principal socia de Carroll. La multa fue multimillonaria en dólares y uno de sus directivos terminó en prisión.

En 2006 Granjas Carroll llevaba en México 12 años deteriorando el medio y la salud sin que las autoridades hicieran algo para evitarlo. Bueno, sí: le ofrecieron ayuda para que resolviera sus problemas de contaminación vía un consorcio español supuestamente especializado en el tratamiento de desechos. Y es que Carroll amenazó con irse de Veracruz si la obligaban a cumplir con la ley. Algo que exigían con mayor insistencia los pobladores de Perote y Jalacingo.

La ley ordenaba que esa empresa debía realizar sus tareas dentro de estrictas normas de control y seguridad, a fin de evitar el deterioro y mal uso de los recursos naturales, en especial el agua. Y para no afectar la salud de las poblaciones cercanas a las unidades porcícolas. Esas poblaciones exigían hace 18 años que no reinara la impunidad ambiental; ni la prepotencia de algunos empleados de las granjas porcícolas que deseaban privatizar los caminos regionales.

A la influyente empresa las instancias oficiales no la obligaron en 2006 a cumplir con las normas vigentes en materia ambiental y de protección de los recursos naturales; a no contaminar las corrientes de agua y proteger la salud pública. Lleva 30 años gozando de impunidad y apoyo financiero del gobierno, y persiguiendo a quienes piden la aplicación de la ley, como detallaré el lunes próximo.