La Habana. Las autoridades cubanas revelaron este lunes un presunto plan para realizar atentados en el país caribeño, tras el arresto de un hombre que arribó ilegalmente a la isla procedente de Estados Unidos con armas, municiones y pertrechos.

El gobierno también dio a conocer que además del ciudadano detenido, se dictó prisión preventiva en contra de 32 personas más.

“Es un proceso investigativo y de instrucción penal muy complejo”, dijo el coronel Víctor Álvarez Valle, de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint) en declaraciones a un grupo de periodistas convocados por la dependencia oficial.

El funcionario indicó que el 23 de noviembre de 2023 se detuvo a Ardenys García, un ciudadano cubano residente en Estados Unidos que, según las autoridades, había entrado por vía marítima con armamento por un punto intrincado de la costa de la provincia de Matanzas —a unos 100 kilómetros de la capital— para supuestamente organizar un movimiento armado en Cuba y realizar “acciones terroristas contra objetivos civiles”.

García arribó a Cuba se habría producido el 1 de noviembre, informó Álvarez.

Las autoridades dijeron que los seis meses que se han tomado antes de dar a conocer el caso y algunos detalles del mismo obedeció a la necesidad de “demostrar la responsabilidad” real o no de cada una de las personas en la red que el principal imputado “fue tejiendo”, explicó el coronel Álvarez.

“Durante la detención de este individuo se le ocuparon (se encontraron y tomaron) un grupo de armas de fuego, armas cortas de procedencia norteamericana, brasileña y austríacas pero adquirida en territorio norteamericano”, indicó el coronel. Además de municiones, binoculares, pasamontañas y “otros pertrechos”, agregó.

Una solicitud de comentarios de The Associated Press al Departamento de Estado fue contestada por un funcionario quien mencionó que estaban “al tanto de las noticias divulgadas por el gobierno cubano”.

“Las agencias jurídicas de los Estados Unidos que aplican la ley procesan a individuos según la ley estadunidense y no reciben instrucciones de gobiernos extranjeros”, señaló el funcionario que no se identificó por no estar autorizado a hablar del tema.

El Ministerio del Interior de Cuba entregó además videos de la confesión de García y otras personas imputadas en el caso, en los cuales el detenido explicó que buscaban reclutar personas para su movimiento armado y arrendar una finca para instalarse.

En las imágenes además se ven grabaciones y fotografías en las que aparece García entrenando en campos de tiro — con armas largas y mirillas telescópicas—, presuntamente en Estados Unidos. Se lo ve junto a otros hombres que se identifican como pertenecientes a una organización llamada Nueva Nación en Armas. El Ministerio del Interior no especificó de dónde se obtuvieron las imágenes.

Álvarez también mostró una copia de la licencia de conducir estadunidense de García y un documento del Bank of America.

A García se le acusó de cargos como “entrada ilegal al territorio nacional, actos contra la seguridad del Estado” y, agregó, el funcionario “se evalúa imputar también el delito de espionaje", pues de acuerdo al gobierno cubano, García habría buscado información sobre "unidades militares” en la isla y habría tenido intenciones de reclutar a miembros las fuerzas armadas.

“Solamente en prisión provisional tenemos 32 acusados, quiere decir que las acciones de instrucción (investigación)… han sido muy profundas”, dijo Álvarez.

Las sanciones en el Código Penal cubano son especialmente fuertes para casos contra la seguridad del Estado, terrorismo o espionaje; llegan hasta los 30 años de prisión e incluso pena de muerte, aunque aplicación de esta última está en moratoria desde hace varias décadas.

Álvarez indicó que sobre el caso se había informado a las autoridades de Estados Unidos sin que se produjera respuesta de colaboración por parte de dicho país y volverá a informar oficialmente cuando el proceso haya concluido.

Washington incluyó a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo en el marco de sanciones para presionar un cambio de modelo político en la nación caribeña. La isla por su parte suele alegar que por el contrario es víctima de ese flagelo, sobre todo a partir de acciones de grupos anticastristas radicados en La Florida.