Ciudad de Guatemala. Un tribunal de Guatemala sentenció este lunes a cinco años de prisión a la ex fiscal anticorrupción Virginia Laparra, acusada de revelar información confidencial, en una causa criticada por la comunidad internacional.

Esta es la segunda condena contra Laparra, de 44 años, luego de que el 16 de diciembre de 2022 fuera sentenciada a cuatro años de prisión en otro polémico proceso, señalada de haber denunciado a un juez sin poseer atribuciones para ello.

"Por la comisión de este delito penal se le impone la pena de cinco años de prisión con carácter conmutable", dijo en la lectura del fallo el juez Moisés de León, del tribunal de la ciudad de Quetzaltenango, unos 200 km al oeste de la capital.

Laparra, quien permanece con arresto domiciliario desde el 4 de enero tras afrontar dos años en prisión, era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango cuando fue arrestada en medio de una ola represiva contra fiscales y jueces que habían tenido a cargo sonados casos de corrupción.

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) ya sancionaron a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por la persecución contra una treintena de funcionarios de la justicia local, entre ellos Laparra, y otros que se exiliaron.

Además, la organización Amnistía Internacional (AI) considera a Laparra como una "presa de conciencia" y asegura que fue detenida y procesada por su labor antimafias.

El juez De León afirmó que durante el juicio, iniciado el 27 de mayo, se estableció que Laparra "es responsable del delito de revelación de información reservada en el grado de autora cometidos en contra de la administración pública y la administración de justicia".

A la ex fiscal también le impuso una multa de unos 6 mil 400 dólares y quedó incapacitada para postularse a cargos públicos por 10 años.

Adicionalmente, De León dispuso que Laparra puede continuar en prisión domiciliaria si paga 64 centavos de dólar por cada día de condena (mil 168 dólares por los cinco años).

La sentencia fue criticada por AI, el gobierno de Estados Unidos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

"No me arrepiento"

Tras conocer la sentencia, Laparra arremetió contra el sistema judicial guatemalteco y afirmó que actúo apegada a la ley.

"Virginia Laparra está dos veces condenada, estuve dos años presa por presentar denuncias administrativas, no me arrepiento", declaró la ex fiscal a periodistas.

"Y el fiasco de justicia que tenemos en Guatemala puede decir lo que quiera, yo tengo mi dignidad intacta, no me arrepiento de ninguna de mis acciones", insistió Laparra, quien estuvo a punto de romper en llanto al recordar a sus dos hijas en la sala del tribunal.

"La condena de la ex fiscal anticorrupción, Virginia Laparra, a 5 años de prisión es otro ejemplo de los atroces ataques del Ministerio Público de Guatemala contra el Estado de derecho", dijo en su cuenta X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols.

Asimismo, pidió a las autoridades judiciales que "dejen de utilizar el sistema de justicia penal para perseguir a los defensores de los derechos humanos y la justicia".

"Muestra de ensañamiento"

"La condena de hoy lamentablemente es un ejemplo más de la persecución por motivos políticos impulsada por el Organismo Judicial y el Ministerio Público en contra de quienes han luchado contra la corrupción", expresó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.

"No existen las garantías del debido proceso legal para estas personas. Esta nueva condena, apenas 18 meses después de la primera, dictada en 2022, es muestra del ensañamiento" contra de la ex fiscal, agregó Piquer en un comunicado.

En tanto, la OACNUDH expresó en X su preocupación por la sentencia porque pone de manifiesto "la falta de garantías para que operadoras/es de justicia cumplan su función sin intimidaciones, represalias y ataques".

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el poder desde enero pasado, ha tratado de conseguir la salida de Porras, pero carece de atribuciones para destituirla. La cuestionada fiscal general tiene mandato hasta 2026.