Para poner en contexto lo que significan esas fortunas es necesario tener presentes varios datos. En primer lugar, resalta que 11 de las 14 personas con los mayores patrimonios del país son beneficiarias de privatizaciones, concesiones y permisos; es decir, de la transferencia masiva de riqueza pública a un puñado de particulares. Cabe recordar que este saqueo es la esencia misma del modelo neoliberal. Además, es notorio que durante cuatro décadas las fortunas de los ultrarricos crecieron a un ritmo de 7 por ciento anual, mientras en el mismo periodo el conjunto de la economía sólo aumentó 0.5 por ciento al año. El contraste entre estas cifras es de una enorme importancia en cualquier debate en torno a la dicotomía crecimiento/redistribución. En esta añeja discusión, los dogmáticos del libre mercado sostienen que redistribuir la riqueza no sólo es un atentado contra la iniciativa y los méritos individuales, sino que resulta contraproducente, por lo que ubican el crecimiento del pastel
como único mecanismo de combate a la pobreza: en esta visión, debe permitirse un total libertinaje a los dueños de capitales para que éstos hagan crecer la economía y, eventualmente, el bienestar alcance a todos los sectores. En este sentido, los nuevos datos corroboran la falsedad de la doctrina neoliberal, pues queda claro que de nada sirve propiciar incrementos en el PIB dentro de un modelo en el que unas cuantas personas disponen del poder para apropiarse de toda la nueva riqueza e incluso sustraer de las mayorías los capitales prexistentes.
En México, la diferencia entre el dogma y la realidad ilustra el pasmo de las derechas ante el arrollador triunfo oficialista en los comicios de junio pasado: se preguntan por qué el pueblo se volcó en apoyo de la autodenominada Cuarta Transformación si ésta tuvo un desempeño insatisfactorio en términos de crecimiento del PIB, la métrica con que se ocultan las lacerantes desigualdades de las sociedades contemporáneas. La respuesta, que el conservadurismo es incapaz de reconocer, radica en que durante el sexenio actual se impulsaron políticas públicas que mejoraron de manera sustantiva la calidad de vida y los ingresos de las clases trabajadoras pese a un contexto global adverso que impidió el crecimiento del mítico pastel.
Al mismo tiempo, es preciso señalar que la dignificación de las condiciones de las mayorías y el pleno cumplimiento de los derechos a la alimentación adecuada, la salud, la educación, la vivienda, la cultura, el esparcimiento y la seguridad social sólo pueden concretarse en la medida en que se modere el traslado de la riqueza desde abajo hacia arriba.