El mandatario puso un ejemplo: cuando Salinas de Gortari privatiza Teléfonos de México, en la supuesta licitación participaron, como cabezas visibles, Carlos Slim y Roberto Hernández. El entonces inquilino de Los Pinos entregó la entonces paraestatal al primero, lo que causó la molestia del segundo, a quien a cambio de su tranquilidad le garantizaron que el en ese momento, mayor banco del sistema, Banamex, quedaría en sus manos, como sucedió el 26 de agosto de 1991.

Y así sucesivamente en la reprivatización de las 18 instituciones financieras que fueron entregadas a los amigos del régimen, casi todos especuladores bursátiles sin experiencia bancaria alguna, quienes exprimieron los bancos hasta la última gota y los quebraron sin consecuencia alguna, en el entendido de que Ernesto Zedillo ilegalmente los rescataría con recursos de la nación.

Es una historia de terror para los mexicanos y un cuento de hadas para los amigos de Salinas de Gortari y de Zedillo. Desde 1995, cuando se conoció a detalle la carnicería financiera practicada por esos barones, el PRI y el PAN se tomaron de la mano para proteger sus intereses, sin importarles las consecuencias para los mexicanos. En enero de ese año el entonces gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, aseguró que, sólo en caso de que fuera necesario, se apoyaría temporalmente a ese grupo de banqueros, vía Fobaproa, pero no rebasará los 50 millones de dólares.

Un año después, en su segundo informe de gobierno, Ernesto Zedillo aseguró que, para el rescate bancario, se han comprometido recursos fiscales estimados en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años, pero el hecho es que a la hora de que los prianistas legalizaron la deuda del Fobaproa (12 de diciembre de 1998) y la traspasaron al recién creado Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB, el mismo Fobaproa, pero con otra careta) el saldo ascendía a 552 mil millones, tres veces más de lo inicialmente reconocido por el mismo ex inquilino de Los Pinos.

A la par, inició la extranjerización de los bancos rescatados y a estas alturas de los 18 originalmente reprivatizados, sólo uno, Banorte, permanece en manos mexicanas. El resto fue a parar a los activos de trasnacionales financieras, obviamente sin los pasivos que por obra y gracia de Zedillo y los prianistas asumió el Estado mexicano.

Sin su autorización ni conocimiento, desde 1995 los mexicanos comenzaron a pagar el desastre de los amigos del régimen, a la par que los barones rescatados no han dejado de incrementar sus de por sí abultadas fortunas. En los hechos, lo que hasta ahora han abonado no han sido los 50 millones de dólares de Mancera Aguayo, ni los 181 mil y 552 mil millones de Zedillo, sino alrededor de un billón y medio de pesos sólo en intereses, en el entendido de que falta por cubrir un billón 100 mil millones (al 31 de marzo de 2024), es decir, más de 2.5 billones por una deuda que, decía el entonces gobernador del Banco de México, no pasaría (en caso de ser necesario y de forma temporal) de 50 millones de dólares, en ese momento algo así como 320 millones de pesos.

Los más optimistas estiman que la deuda del Fobaproa-IPAB quedará saldada en el año 2070. En esos 75 años, tres generaciones de mexicanos habrán transferido, si bien va, más de 3 billones de pesos de su riqueza conjunta para pagar la decisión autoritaria e ilegal de Ernesto Zedillo, legalizada por el Prianato.

En vía de mientras, en los 29 años transcurridos desde el rescate, las utilidades netas (libres de polvo y paja) de la banca rescatada y engullida por las trasnacionales financieras han acumulado cerca de (¡sorpresa!) dos billones 500 mil millones de pesos, más las que se embolsen de aquí al año 2070.

Las rebanadas del pastel

Si esto no es un cuento de terror para los mexicanos y de hadas para los banqueros, entonces ¿qué es? ¿Modernidad, progreso, primer mundo? No: atraco a la nación e impunidad.

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