Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por el rechazo del Estado mexicano a 14 recomendaciones relacionadas con migración, desplazamiento forzado interno, prisión preventiva, acceso a la justicia y seguridad, los cuales son temas centrales para abordar la actual crisis de derechos humanos en el país.
Esas recomendaciones fueron formuladas juntas con otras 304 que México sí aceptó durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) —para sumar un total de 318–, pero que reflejan un incremento “y eso no es un signo positivo”, ya que además implica que otras estén pendientes y sigan sin atenderse, señaló el colectivo EPUMX.
Eduardo Guerrero, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que la postura del Estado mexicano contrasta con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Agregó que el hecho de que el Estado mexicano tome nota sobre esas 14 recomendaciones, significa que “oficialmente no acepta que va a llevar acciones para llevar a cabo el cumplimiento de estas recomendaciones”.
Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que el gobierno rectifique en la próxima administración, indicó que conferencia de prensa.
Aclaró que hasta el momento no ha habido un acercamiento con autoridades de la próxima administración, no obstante el llamado es a que todas las instituciones del Estado mexicano establezcan mecanismos claros de seguimiento y cumplimiento de estas recomendaciones.
“Las preocupaciones están no solo en cuántas recomendaciones se aceptan y cuántas no, sino en qué hay en esas que el Estado no está aceptando”, agregó, como es el desplazamiento forzado interno, la eliminación de la figura del arraigo y prisión preventiva oficiosa y la situación de la movilidad humana.
Uno de los temas que se abordó en las recomendaciones de los países fue la presencia de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Al respecto, Guerrero dijo que sorprende la respuesta de México en su comparecencia sobre que la Guardia Nacional de que se ha consolidado “siempre bajo el mando de una autoridad civil”, ya que ese argumento se contrapone con la reciente iniciativa de reforma que busca incorporar ese cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por su parte, Dinorah Arceta, del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), advirtió que la comunidad internacional ve con preocupación el “detrimento de los derechos” de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas.
Lo anterior se refleja en las 29 recomendaciones que emitieron los países sobre el tema, lo que a su vez significa un incremento ya que anteriormente se habían tenido de 10 a 15.
Indicó que del total, solo 26 fueron aceptadas por el Estado mexicano, con temas interesantes como acciones concretas para una atención diferencial para mujeres migrantes; niños, niñas y adolescentes en situación de migración; pueblos indígenas, acceso a la justicia; y la necesidad d e investigar crímenes contra esta población.
En tanto de las tres restantes de las que tomó nota, se encuentran la demanda histórica de las organizaciones civiles de reforma la Ley de Migración para eliminar la privación de la libertad de personas migrantes en estaciones migratorias.
Arceta se refirió al cierre de las oficinas centrales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la Ciudad de México, que suma más de un mes y “tenemos un rezago” de más de 2 mil casos que es importante atenter.
“El sistema de asilo está muy debilitado”, recalcó.
Las organizaciones hicieron notar que entre los temas con más recomendaciones de entre las 318 destacan la violencia contra las mujeres, personas defensoras y periodistas, personas desaparecidas y movilidad humana.
