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Revocan suspensión que obliga al TEPJF a nombrar a 2 magistrados

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Sesión pública del TEPJF, el 17 de enero de 2024. Foto Yazmín Ortega Cortés
05 de julio de 2024 07:26

Ciudad de México. Un tribunal colegiado revocó la suspensión provisional otorgada por un juez a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrar a dos magistrados para completar el pleno de la sala superior.

En sesión extraordinaria celebrada ayer vía remota, los magistrados del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México, Benito Arnulfo Zurita Infante, Alejandro González Bernabé y Ricardo Olvera García, advirtieron que la medida cautelar es injustificada porque no se causa un daño inminente e irreparable al quejoso que pueda comprobar.

Por ello, argumentaron que es improcedente conceder la suspensión en los términos planteados por el juez Rodrigo de la Peza, quien ha sido fuertemente criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, así como la Secretaría de Gobernación, que lo acusa de violar la Constitución.

Sin embargo, en las próximas horas, De la Peza determinará si concede la suspensión definitiva, y en caso de hacerlo ordenará nuevamente al TEPJF nombrar provisionalmente a los magistrados suplentes, pero el fallo puede ser impugnado.

En la sesión de ayer, por unanimidad, los magistrados declararon fundada la queja que promovió el Senado para impugnar el fallo de primera instancia y votaron a favor de que se revocara la suspensión provisional.

El magistrado González Bernabé señaló que la asociación civil quejosa afirmó en su demanda de amparo que cuenta con un interés legítimo para impugnar las omisiones que aluden y que, dice, afectan el derecho a defender la democracia.

El artículo 131 de la Ley de Amparo dice que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo como es el caso, el órgano jurisdiccional la concederá cuando al quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue esa suspensión y que el interés social justifique su otorgamiento.

El magistrado recordó que después de la elección presidencial del 2 de junio, se están presentando recursos e inconformidades que se desahogan ante las instancias correspondientes del tribunal en salas superiores y regionales. Por ello, el TEPJF tiene hasta el 6 de septiembre para hacer la declaratoria de la validez de la elección.

De tal modo que no se advierte un daño inminente, porque ahora, 4 de julio, incluso antes, cuando se aceptó la demanda, la sala no está integrada por el mínimo de seis (magistrados electorales), porque finalmente a la presidencia de la sala superior le corresponderá en su momento hacer la propuesta que corresponda de las personas magistradas que integran las salas regionales para que el pleno de la sala superior designe a alguien. No se actualiza, por ahora, algún daño que sea inminente y que de alguna forma sea irreparable.

El Legislativo seguirá con el proceso

El Senado continuará con los recursos legales interpuestos contra el juez De la Peza por invadir facultades de esa Cámara, a pesar de que desde el Consejo de la Judicatura se planteó a los directivos de ese órgano legislativo desistirse.

La decisión del juzgador de violar la Constitución, de extralimitarse e invadir competencias de otros poderes, forma parte de la irresponsable confrontación de la Suprema Corte con el Ejecutivo y el Legislativo y es ejemplo claro de la urgencia de la reforma judicial, advirtió la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera.

En entrevista, comentó que el Senado fue notificado ayer por la mañana que un tribunal colegiado revocó la suspensión provisional otorgada por el juez De la Peza, quien se arrogó facultades metaconstitucionales y ordenó al Tribunal Electoral, que es una autoridad superior jerárquicamente, nombrar a los dos magistrados de sala superior que faltan, sin tener facultades para ello.

 
 

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Las organizaciones señalaron la “imprecisión” de conceptos que podrían ser interpretados de manera subjetiva o podrían propinar retrocesos a las leyes ya existentes.
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