Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM), tras acreditar violaciones a las garantías fundamentales de 66 migrantes, entre ellos 33 niñas, niños y adolescentes, que permanecieron albergados en condiciones insalubres y carencia de agua potable en la Estación Migratoria de Torreón, Coahuila. 

Lo anterior, se pudo constatar en una visita que realizó personal de la CNDH el 23 de marzo del 2023 a las instalaciones de dicha estancia, donde recabaron las quejas de 18 personas en contexto de movilidad internacional quienes manifestaron haber sido detenidas un día antes por elementos de la Guardia Nacional.

En la Recomendación 89/2024, la CNDH expuso que la investigación del expediente de queja permitió acreditar que, tras ser aseguradas, las víctimas fueron trasladadas a la Estancia Provisional, donde únicamente se iniciaron los Procedimientos Administrativos Migratorios a ocho de ellas y sus respectivas familias, por lo que la omisión de no hacerlo con los demás fue contrario a las disposiciones legales en esta materia.

Personal de la comisión también detectó dilaciones y falta de medidas para que las personas menores de edad fueran canalizadas a un centro de asistencia social y estuvieran protegidas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Coahuila. El INM tampoco designó a un Oficial de Protección a la Infancia (OPI) para que les brindara atención.

La CNDH también constató que 10 migrantes y sus respectivas familias fueron trasladados a la estancia provisional de Mazatlán, Sinaloa, para que se resolviera su situación jurídica, pero las autoridades migratorias no fundaron ni motivaron debidamente tal decisión.

Por estos hechos, recomendó al INM reparar integralmente el daño causado a las víctimas y que colabore en la presentación y seguimiento de la vista administrativa que la Comisión inicie en contra de las personas servidoras públicas responsables. 

Igualmente, que el instituto acuerde con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como con sus homólogas estatales y municipales, mecanismos que garanticen asistencia y representación para las personas menores de edad en contexto de migración.