El Estado mexicano aceptó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 304 recomendaciones, de 318 que le emitieron 115 países en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), relacionadas con atención a la violencia, desapariciones forzadas, erradicación de la tortura, protección a personas defensoras y periodistas, entre otras problemáticas que aquejan al país.

Sin embargo, organizaciones civiles lamentaron que no admitiera “firmemente” las relacionadas con la “desmilitarización” y desplazamiento forzado.

En su comparecencia, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Joel Hernández, sostuvo que las recomendaciones del EPU servirán como un diagnóstico que nutrirá el diseño de los programas en materia de derechos humanos de la administración entrante que encabezará la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Se podrán seguir profundizando los derechos sociales, el bienestar, la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza extrema”, bajo el principio: “por el bien de todos, primero los pobres”, expresó.

En un mensaje pregrabado difundido en el 56 periodo de sesiones del Consejo, Hernández destacó que la cuarta participación de México en el marco del mecanismo del EPU, “ha representado una oportunidad para presentar los avances, así como los retos del Estado mexicano en materia de derechos humanos, desde la última vez que participamos en este ejercicio, en 2018”.

Resaltó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador “ha priorizado los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad con un enfoque en el combate a la pobreza, atendiendo las causas estructurales de la desigualdad, la discriminación y la violencia bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, como base para el desarrollo y la consolidación de un estado de paz y bienestar”.

Asimismo, reafirmó el compromiso de México con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, su apertura a la cooperación, al diálogo y al escrutinio internacional.

A su vez, la embajadora Francisca Méndez, representante permanente de México ante la Oficina de Naciones Unidas, explicó que para el análisis de las recomendaciones se tomó en consideración que éstas fueran aplicables a nuestro marco jurídico y que estuvieran en línea con la política nacional.

En este sentido, en lo referente a las labores de las fuerzas armadas, dijo que el Estado cuenta “con un marco jurídico robusto para regular el uso de la fuerza bajo los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, racionalidad, oportunidad y rendición de cuentas”. Por ello, aceptó ocho recomendaciones en la materia.

“Seguiremos avanzando en la capacitación de nuestras fuerzas armadas para asegurar el cumplimiento efectivo de los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmó.

Respecto a la crisis de desaparición, Méndez reconoció que la búsqueda de estas personas es una prioridad, por lo que aceptaron 30 recomendaciones para dar seguimiento a la articulación de esfuerzos de las instituciones en la búsqueda, localización e identificación, mejorando la capacidad de respuesta a través de acciones con las autoridades nacionales y mediante la cooperación internacional.

Por otra parte, señaló que México está plenamente comprometido con la abolición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, motivo por el cual aceptó tres recomendaciones; en tanto que en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, aceptaron 41 para continuar coordinando esfuerzos e impulsando políticas y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Asimismo, dijo, “mi país ha instrumentado estrategias estrategias orientadas a la prevención social del delito y la violencia en el ejercicio de una política que pone atención a las causas, con acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno, lo que ha resultado en la disminución de la incidencia delictiva, al pasar del 33 por ciento al 26.8 por ciento a nivel nacional, entre 2018 y 2022. Por ello, México aceptó 14 recomendaciones en la materia”.

En tanto, Osvaldo Rodríguez, vocero de la Organización Mundial Contra la Tortura, quien fue detenido arbitrariamente en agosto del 2002 en el estado de México por policías de Tlaxcala y torturado en instalaciones de la procuraduría de esa entidad, lamentó que México no acepte firmemente las recomendaciones relacionadas con la desmilitarización de la Guardia Nacional.

Además, que “no muestre señales contundentes para eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, como lo ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU”.

La organización Christian Solidarity Worldwide expresó estar decepcionada de que México “no hayan decidido apoyar las recomendaciones de Alemania para apoyar una ley contra el desplazamiento interno, junto con una estrategia de prevención eficaz”.