La política de alianzas de cualquier partido es siempre un asunto espinoso, lleno de ambigüedades y peligros, que debe resolverse en el filo de la navaja entre la fidelidad a los principios y la conveniencia táctica, sin que las decisiones caigan en el principismo ni en lo convenenciero.
Esa política puede ser factor de peso para la extinción –como acaba de ocurrirle al PRD y puede ocurrirle al PRI en un futuro no lejano– o para el logro de triunfos estratégicos, como el que consiguió Morena el pasado 2 de junio, sin implicar, claro, que esos desenlaces hayan estado condicionados únicamente por las alianzas.
Bajo la conducción de Andrés Manuel López Obrador, su partido definió desde 2017 una política de alianzas que se ha mantenido desde y que se ha ratificado en 2024 con la dirección de Claudia Sheinbaum.
En 2018 la coalición con los Partidos del Trabajo y el extinto Encuentro Social, así como la incorporación de numerosos cuadros que venían de las filas del adversario, permitieron despejar todo amago de fraude, al otorgarle a Morena 53 por ciento de los sufragios presidenciales y a la alianza tripartita una amplia mayoría en la Cámara de Diputados.
En el primer trienio del actual gobierno fue posible hacer modificaciones constitucionales negociadas con la oposición, lo que explica la insuficiencia de varias. Tras los comicios de 2021, la oposición estableció un boicot legislativo que hizo imposible negociar reformas a la Carta Magna y limitó al partido en el poder a reformas a las leyes secundarias, reformas que fueron revertidas por un Poder Judicial abiertamente faccioso.
Desde 2022, cuando la Suprema Corte echó abajo la reforma eléctrica, que buscaba moderar algunos de los aspectos más dañinos de los perversos lineamientos constitucionales impuestos en el peñato, resultó claro que para avanzar en la Cuarta Transformación (4T) era indispensable contar con la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas; para ello se necesitaba incrementar significativamente la votación de Morena y sus aliados con respecto a la obtenida en 2018.
Eso no podría lograrse sin proceder a una ampliación del frente electoral para ganar sufragios en sectores tradicionalmente contrarios a la 4T y en plazas en las que se obtuvieron cifras adversas en 2021.
Esa ampliación del frente tenía dos riesgos: primero, que el proyecto de nación se desdibujara por las nuevas incorporaciones, lo que podría evitarse garantizando el control del gobierno y, segundo, que las bases las repudiaran: el equilibrio al filo de la navaja.
Es posiblemente ese contexto en que debe verse la inclusión de Sergio Mayer, una figura conflictiva que en su primer encargo legislativo bajo las siglas de Morena (2018- 21) generó muchas inconformidades por su escaso apego a los principios del partido y por su tendencia a inmiscuirse en barullos opositores. Como agravante, en 2021 perdió en las urnas su relección.
Eso no significa que el suyo no fuera un perfil atractivo para votantes indecisos o con una aversión inicial a Morena, circunstancia que, con la presión de la imperiosa necesidad de crear las condiciones para aprobar el plan C –es decir, la ampliación de la base de votantes– tal vez pesó en la decisión de incluirlo en la lista de plurinominales que se presentó ante el INE el 22 de febrero y fue hecha pública en la página oficial del partido.
Fueron muy pocas las voces que en ese momento rechazaron la medida, ante la cual no se presentó ni un recurso directo de impugnación en la Comisión de Honestidad y Justicia ni ante el Tribunal Electoral. Los recursos presentados referidos a la lista en general fueron desechados uno por uno por la segunda de esas instancias.
¿Fue una decisión correcta? Desde un punto de vista estrictamente electoral, pudo serlo, si es que su nombre aportó votos a la coalición Sigamos Haciendo Historia, algo que no es fácil de determinar. Desde una perspectiva política, tener a Mayer en las filas propias y no en las de un partido adversario (Movimiento Ciudadano) fue una medida atinada.
Significativamente, un mes después de la elección, y con los telones de fondo del sexto aniversario del triunfo de 2018 y de la conformación del gabinete de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, estalló una oleada de malestar y de rabia en las redes sociales de morenistas y de simpatizantes de la 4T que acusaron un severo agravio, oleada que se asoció de inmediato a los ya conocidos chubascos de descalificaciones contra el aún presidente del partido y próximo secretario de Educación, Mario Delgado.
Es lamentable que ante el júbilo por una victoria histórica que ratificó a Morena en la Presidencia, le dio una gubernatura más de las que ya tenía y le entregó la ansiada mayoría calificada, las hojas no dejen ver el bosque. Afortunadamente, el país es mucho más vasto que las redes sociales y, al margen de ese pleito, la transformación nacional está en vías de acelerarse. Llegarán más turbulencias.
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