Ciudad de México. La construcción de una Política Exterior Feminista (PEF) requiere que los países reconozcan y garanticen, internamente, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como las desigualdades que todavía enfrentan en los ámbitos laboral, económico y social, advirtieron organizaciones civiles y resaltaron que la decisión de impulsar en México una PEF requiere de seguimiento para evitar que se convierta en una moda  o una etiqueta sin contenido. 

En conferencia para informar sobre las conclusiones del evento paralelo “Hacia una Política Exterior Feminista en América Latina y el Caribe”, en el marco de la III Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas que se realizó en México, las activistas también señalaron sobre la importancia de que las mujeres que lleguen a puestos de decisión, realmente ejerzan el poder con una agenda y postura feminista. 

Para ello se requiere que los órganos de gobierno y los programas cuenten con recursos económicos, señaló Daniela Castro del Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista (OMPEF) porque “sin dinero cualquier iniciativa nace muerta”. 

Sobre los desafíos a vencer, destacaron, en el caso de México, el tema del aborto y su despenalización que se ha logrado en 13 de las 32 entidades federativas y aún en aquellas donde se han concretado las reformas legales para que las mujeres hagan efectivo su derecho a decidir, no existen las medidas para que eso se cumpla.

Frania Colmenero del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que las instituciones de salud siguen negando el acceso a la interrupción del embarazo en los estados donde se ha legalizado la práctica que, además, debería ser considerada un servicio esencial de salud. 

Comentó que en este tema, hay avances en Colombia y Argentina, mientra en Chile y Ecuador están próximas las discusiones legislativas. En tanto, en nueve países de América Latina y el Caribe, el aborto está prohibido, entre ellos en El Salvador, Haití, Nicaragua, República Dominicana, Curazao, Jamaica y Surinam. 

La PEF deberá establecer la hoja de ruta que de congruencia nacional e internacional al tema del aborto y en esa medida se eliminen las barreras jurídicas y se protejan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos, apuntó.

Sobre el tema de la justicia fiscal feminista, Isabel Mateos, coordinadora de Inversión Social para el Futuro, de Oxfam México, afirmó que se requiere una reforma fiscal progresiva, con la finalidad de cerrar las brechas de desigualdad. Recordó que en la región, tres de cada diez mujeres viven en condiciones de pobreza y una de cada 10 se encuentra en pobreza extrema, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

México es el que registra los menores ingresos por recaudación de impuestos y se ubica, incluso, por debajo de la tasa reportada en la región, lo que se traduce en una muy baja posibilidad de inversión pública. 

Señaló que frente a las discusiones actuales sobre la gobernanza fiscal internacional en espacios como Naciones Unidas o el Grupo de los 20 países más ricos (G20), “México tiene la oportunidad de ser punta de lanza en la inclusión de una perspectiva feminista en estas discusiones desde su compromiso con una PEF”.