La elección popular no es el método más adecuado para nombrar a las personas juzgadoras, porque el personaje electo no responderá a la ley, sino al votante, afirmó el magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro.

Al participar en la primera edición del programa de análisis “La Reforma Judicial a Debate”, por Justicia TV, señaló que “un sistema de elección popular difícilmente derivaría en un sistema de justicia de calidad. Además, se afectará no solo a los más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF), sino a las y los justiciables”.

Apuntó que el PJF más allá de los asuntos mediáticos, todos los días atiende muchos otros que impactan la vida de las personas como el pago de pensiones, derecho a la salud, obtención de medicamentos, protección a menores de edad, y demás temas de corte social.

Agregó que en su Tribunal Colegiado se resuelven alrededor de 200 asuntos al mes, por lo que dejar todo en manos de personas que no tengan la destreza necesaria podría resultar en problemas mayores.

Sobre la eventual creación de un Tribunal Disciplinario como lo plantea la iniciativa de reforma, Gómez Fierro consideró que su conformación no es el problema, pero sí el diseño y sus alcances. “La iniciativa, por ejemplo, refiere que tendría posibilidad de revisar la actuación de las y los ministros de la Corte, que es un órgano de última instancia; es decir, dicho tribunal quedaría por encima de todo”.

Al respecto, la jueza Juana Fuentes Velázquez, titular del Decimoprimer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en Ciudad de México, destacó que se debe entender que el PJF es parte de la solución y no del problema, además ha respondido para mantener la paz social.

Aseguró que la propuesta de reforma “no cura la enfermedad; no es la destrucción del que juzga la solución al problema, por lo que es relevante que la sociedad y en este caso los legisladores conozcan lo que en realidad hace el PJF”.

Sobre la propuesta de establecer un tribunal de vigilancia y sanción para las personas juzgadoras, refirió que habría que revisar las facultades y definir de manera clara sus funciones, ya que sería grave que la decisión del juez pase por un tamiz de alguien que no sea experto en Derecho.

“Hoy ya se puede revisar o anular una decisión que no sea correcta, es lo que hacen los Tribunales y hasta la Suprema Corte. Si no se definen funciones para ese Tribunal puede impactar las decisiones de las y los jueces”, explicó. Añadió que ya se cuenta con mecanismos que sancionan conductas que van más allá de los principios de juzgadores.