Ciudad de México. La ministra Loretta Ortiz Ahlf dijo que es “inadmisible” que a 13 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos continúan altos índices de impunidad e inseguridad en el país, y en ese sentido reconoció que existen "fallas estructurales en el acceso a la justicia” que deben repararse porque “las soluciones en materia de seguridad no pueden encontrarse separados del acceso a la justicia”.

En el foro 13 del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que servirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para armar una propuesta alterna de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la juzgadora también dijo que hay que aprovechar “la coyuntura” para construir un mejor sistema de justicia con instituciones que sean legitimadas por los ciudadanos.

“En lo que a justicia se refiere, debemos de tomar como punto de partida que nos encontramos ante una coyuntura en la que dichos sistemas, así como su configuración, estructura y facultades, se encuentran en el centro de la discusión pública y aparezcan, a mi parecer, un interés general y colectivo sin precedentes.

“Es apremiante aprovechar esta oportunidad para desplegar un ejercicio amplio de autocrítica y reflexión que derive invariablemente en una mejor administración de justicia y en una mayor legitimidad institucional”, señaló la Universidad Anáhuac en Xalapa, Veracruz.

Ortiz Ahlf expuso que en el ejercicio de la impartición de justicia es indispensable aplicar una perspectiva de los derechos humanos que permita abordar problemáticas tan apremiantes como la incidencia delictiva, la violencia, la impunidad y su impacto en la seguridad pública, mediante políticas centradas en la protección de las personas y en el fortalecimiento de la participación democrática.

“Por ello, nuestro país debe contar con una judicatura cuya labor se enmarque en una visión amplia, global y progresista de los derechos humanos y que resulte en el más alto cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, agregó.

Convocó a “no ceder en nuestros esfuerzos cotidianos para asegurar que todas las personas que acudan a las instituciones tengan la posibilidad real de obtener remedios legales para resolver sus conflictos”.

Por ello, resaltó la importancia de los 14 foros que ha organizado el PJF que convoca a integrantes del Poder Judicial, de la academia, expertos y ciudadanos porque dijo que sus aportaciones y los esfuerzos de escucha a la sociedad deben derivar” en el ánimo de transformar los sistemas de seguridad y justicia en nuestro país, de forma que logremos que se adecuen a las exigencias de una sociedad con pretensiones de mayor igualdad y bienestar generalizado”.

“No podemos obviar que detrás de la autocrítica y el reconocimiento expreso de lo apremiante que resulta atender las fallas estructurales en el acceso a la justicia, existen miles y miles de historias personales en las que las nociones de seguridad y justicia no son más que conceptos vacuos y promesas incumplidas”, dijo.

Reconoció que hoy en México hay una “discordante asimetría” que persiste entre el Corpus Iuris nacional e internacional en materia de derechos humanos y la realidad que vivimos.

Es inadmisible que a los 13 años de haber iniciado esta era constitucional garantista sigamos con altos índices de impunidad e inseguridad que ponen en entredicho el pleno goce de los derechos humanos, especialmente para los grupos históricamente discriminados y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Soy consciente de que las soluciones en materia de seguridad no pueden encontrarse separados del acceso a la justicia”, dijo.