Lima. El Congreso de Perú aprobó este jueves una ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002, algo que organizaciones de derechos humanos advirtieron que promoverá la impunidad y podría beneficiar a varias figuras como el ex presidente Alberto Fujimori y militares retirados.

Según un cálculo de la fiscalía peruana difundido en junio la ley impactará sobre 550 víctimas y 600 casos, entre investigaciones y procesos judiciales, que tendrían que ser archivados o concluidos por prescripción, es decir, porque se extinguiría la responsabilidad penal por el paso del tiempo.

Perú vivió un conflicto armado interno con miles de muertos entre 1980 y 2000 donde se enfrentaron las fuerzas de seguridad y del otro lado el grupo Sendero Luminoso. El conflicto derivó en investigaciones y procesos judiciales contra decenas de militares, miembros de Sendero Luminoso y contra el ex presidente Fujimori (1990-2000).

La norma también fue criticada por expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas quienes indicaron a fines de junio que “choca con los valores básicos de la comunidad internacional, fomenta la impunidad y está en patente contradicción con el Estado de Derecho”.

La ley, que había sido aprobada en una primera votación en junio, está ahora en manos de la presidenta Dina Boluarte quien puede promulgarla o devolverla con observaciones al Congreso. Boluarte, quien no ha hablado con la prensa por casi tres meses, no ha emitido comentarios públicos sobre su posible decisión.

Quien sí lo hizo fue su primer ministro Gustavo Adrianzén, quien la víspera dijo a la prensa estar “absolutamente indignado” por una orden emitida el martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió al gobierno, al Congreso y al Poder Judicial no adoptar, dejar sin efecto o no otorgar vigencia al proyecto que el jueves se convirtió en ley.

La iniciativa indica que nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002.

En Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en julio de 2002, mientras que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo en noviembre de 2003. Los dos tratados internacionales son de cumplimiento obligatorio.

Activistas y expertos en derechos humanos afirman que la norma favorecería la impunidad. Una ley similar aprobada durante el gobierno del presidente Alan García (2006-2011) fue declarada inconstitucional un año después, en 2011, por el Tribunal Constitucional.

Según la fiscalía, las investigaciones o juicios que serían afectados por la ley se refieren a matanzas, torturas, violaciones sexuales y desapariciones forzadas —sobre todo de indígenas de los Andes y la Amazonía— en los que están imputados decenas de miembros del ejército y la marina de guerra.

De acuerdo con una comisión de la verdad las víctimas del conflicto interno entre 1980-2000 fueron en su mayoría indígenas que quedaron atrapados en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo Sendero Luminoso. La comisión calcula que el conflicto dejó unos 70 mil muertos.

La ley también tendría efectos sobre un caso emblemático en Perú conocido como Barrios Altos y La Cantuta por el cual fue sentenciado el ex presidente Fujimori quien estuvo preso desde 2007 hasta 2023 por el asesinato de 25 peruanos en 1992. Fujimori salió de la cárcel en diciembre cuando el gobierno lo liberó para cumplir un polémico indulto presidencial de 2017 avalado por el Tribunal Constitucional.

Asimismo, la fiscalía indicó que la ley favorecería a Fujimori en otro juicio activo en el que pide encarcelarlo por 25 años por el asesinato de seis campesinos ocurrido en 1992.

La ley fue impulsada con los votos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del ex presidente. “Hay centenares de policías y militares muchos octogenarios o nonagenarios que están injustamente presos o sometidos a la tortura de procesos interminables por la aplicación ilegal de este criterio de la lesa humanidad”, dijo el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi.

Otros parlamentarios que votaron a favor de la ley eran militares en la época del conflicto armado. Uno de ellos, José Cueto, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desestimó las consecuencias internacionales de incumplir una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió al Congreso dejar sin efecto la ley. “No tiene ninguna consecuencia...que hagan lo que quieran y comuniquen lo que quieran”, dijo.