Envuelto en una falsa bandera de la libertad de expresión, intentó victimizarse para evitar las consecuencias de una supuesta investigación en su contra, cuando en realidad la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde el 20 de mayo de 2021 fijó sus ojos en Latinus –a la que Loret de Mola sirve–, por actividades de lavado de dinero y corrupción, que se procesan en la Fiscalía General de la República.

En la mañanera de ayer, el titular de la UIF detalló que Latinus se caracteriza por hacer negocio con la calumnia y el uso de recursos públicos ilegales, que no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica, es decir, fondos destinados no a la compra de servicios periodísticos, sino de medicinas, servicios médicos, promoción de campañas, etcétera, y ya se sabe para qué y cómo se usan y distribuyen.

Existe una investigación, pero el eje no es Loret de Mola (golpe a su ego), sino Latinus, que triangula recursos entre las empresas del mismo dueño, y entonces pueden ver claramente dónde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente para ocultar procedencia y objeto, señaló Pablo Gómez. No andamos haciendo indagatorias, ni tenemos registro y tampoco llevamos archivo en relación con lo que dicen, expresan o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual.

De las actividades administrativas de la UIF, ninguna corresponde a Carlos Loret de Mola; no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente del consorcio Latinus, independientemente de que él, junto con otras personas, le preste servicios y le cobre. La denuncia contra esa empresa, presentada hace años, no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación ni persona que se dedique a esta actividad.

Latinus se integra por cinco empresas: Latinus Media Group; Latinus Media Radio; Latinus Media Mx (todas con Cristian González Guadarrama como cabeza visible); Digital Beacon Programatic y BCG Limited Consulting. Todos sus ingresos vienen de entidades públicas que a cambio reciben, y se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño.

¿De dónde han salido los recursos públicos que obtiene Latinus desde 2019 y hasta 2024? De acuerdo con la UIF, suman 2 mil 437 millones, provenientes de los gobiernos de Nuevo León (Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y Samuel García), con 29 millones de pesos; Sinaloa (Quirino Ordaz Coppel, hoy embajador en España), 15 millones; Tamaulipas (Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy prófugo), 4.2 millones; estado de México (Alfredo del Mazo Masa), mil 117 millones; Michoacán (Silvano Aureoles), 699 millones: Hidalgo (Omar Fayad), 192 millones, y de cereza el presupuesto federal, 382 millones.

A partir de 2024, en estos enjuagues ya no aparecen relacionados los gobiernos de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán e Hidalgo, ni el presupuesto federal. De cualquier suerte, esos dineros se destinarían al supuesto pago de servicios de salud a dos empresas del consorcio Latinus, pero en realidad se triangularon dentro de ese propio grupo para pagar a accionistas y periodistas.

¿Cuánto y a quiénes? Entre otros, contabilizando tres empresas del grupo Latinus, Carlos Loret, 12 millones de pesos; Víctor Trujillo, Brozo, 10 millones; Lorenzo Córdova Vianello (el independiente del INE), 953 mil (sólo entre septiembre de 2023 y enero de 2024); Fernando del Collado, un millón 170 mil; Jesús Silva-Herzog Márquez, 860 mil; Denise Dresser, 624 mil; María Scherer Ibarra, hija del fundador de Proceso, 535 mil; Guillermo Sheridan, el cazador de plagios, 89 mil 950; Paulina Producciones Rebel, 870 mil; Victoria María Trujillo, hija del payaso tenebroso, 744 mil y Claudia Bárbara de Regil, alias Rosario Tijeras, 313 mil 271 pesos.

Las rebanadas del pastel

Entonces, todo y todos, con recursos públicos. Pero es persecución, dicen.

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