Morelia, Mich. Esta semana el líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia; el director de la empresa acerera Arcelor Mittal y funcionarios federales y estatales, entre ellos el gobernador Alfredo Ramírez, sostendrán una reunión en la Ciudad de México para tratar de destrabar la huelga en la siderúrgica de Ciudad Lázaro iniciada el pasado 4 de junio.
“No hay intención de recurrir al desalojo de los trabajadores”, aunque dos jueces hayan declarado ilegal la huelga de los mineros, y será un Tribunal Colegiado el que tiene la última palabra sobre este asunto, señaló el gobernador de Michoacán.
Son más de 3 mil trabajadores de la sección 271 del Sindicato Nacional Minero los que iniciaron paros parciales desde el 24 de mayo para exigir un pago justo del reparto de utilidades, y al no obtener una respuesta positiva de la empresa, 13 días después colocaron las banderas rojinegras en los accesos de la siderúrgica.
Ramírez Bedolla, comentó que ha estado presente en varias reuniones en las que han participado directivos de la siderúrgica y el dirigente minero Gómez Urrutia. “En los próximos días habrá una próxima reunión en la Ciudad de México y esperamos que haya una solución”, porque ha transcurrido casi un mes de huelga.
El sindicato minero sostiene que hay más ganancias de las que la empresa señala porque aumentó la producción y los ingresos de ArceleorMittal fueron mayores. Los directivos de la siderúrgica sostienen que el precio del acero disminuyó 15 por ciento y las materias primas subieron.
Ramírez Bedolla comentó que es urgente buscar una solución al conflicto, porque ArcelorMittl es la empresa más grande de Michoacán, con más de 8 mil empleos directos y más de 50 mil indirectos, que abastece a la industria de la construcción, a la industria automotriz y a las fábricas de enceres domésticos. “Por eso es urgente lograr un acuerdo”, subrayó.
La situación es compleja porque la sección 271 exige salarios caídos desde que iniciaron los paros de labores, además de un incremento en el reparto de utilidades, mientras que la empresa asegura que han sido superiores los pagos de reparto de utilidades de lo que marca la ley.
En un desplegado en un diario nacional publicado el pasado 1 de julio, la empresa acerera asegura que hay disposición al diálogo para resolver en buenos términos el conflicto, por lo que exhortó a la sección 271 a que rectifique su postura y retome el cauce de la legalidad por bien de todos.
