El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) tiene previsto visitar México en la primera mitad del 2025, según su plan de trabajo anunciado ayer que incluye viajar a otros países como Afganistán, Burundi y Francia.

Dicho órgano del sistema de derechos humanos de la ONU ya estuvo México en 2008 y 2016. Está integrado por 25 miembros que son expertos independientes de diversas partes del mundo, y tiene el mandato de viajar a los Estados que han ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, así como ayudar a las naciones a prevenir este flagelo.

El Subcomité comunica sus observaciones y recomendaciones a los Estados mediante informes confidenciales, que alienta a los países a hacer públicos.

El SPT además confirmó próximas visitas a Bolivia, Nigeria, Grecia y la República Democrática del Congo en la segunda mitad de 2024, que se suman a las ya realizadas en Gabón, Honduras, Albania y Mongolia.

En virtud del citado protocolo facultativo, el SPT tiene el mandato de evaluar las condiciones de las personas privadas de libertad mediante visitas a diversos entornos, como prisiones, comisarías de policía, hospitales psiquiátricos, campamentos de refugiados cerrados y centros de detención de inmigrantes.

También colabora estrechamente con el Mecanismo Nacional de Prevención de los Estados, las autoridades públicas y las organizaciones de la sociedad civil para mejorar las medidas preventivas.

Durante su sesión de junio en Ginebra, adoptó su primera Observación General sobre la definición de lugar de privación de libertad, la cual establece la necesidad de garantizar que los órganos de monitoreo independientes, incluidos el SPT y los mecanismos nacionales de prevención, tengan acceso completo a los lugares de privación de libertad.

“Ha habido una proliferación de instalaciones, lugares y situaciones de los que una persona no puede salir a voluntad, ya sea en relación con el sistema de justicia penal o en contextos administrativos, militares, migratorios, sanitarios, de asistencia social u otros”, explicó Suzanne Jabbour, presidenta del SPT.

“Todos estos lugares están bajo la jurisdicción o el control de un Estado. Pueden estar gestionados por agentes privados, estar reconocidos oficialmente como lugares de privación de libertad o ser entornos completamente informales. La adopción de la primera observación general del SPT es fundamental para aportar claridad a las autoridades, los mecanismos nacionales de prevención, la sociedad civil y todos los demás actores pertinentes en el sentido de que todos esos lugares deben estar sujetos a una supervisión independiente periódica”, añadió.